Gracias a la trilogía de la represión que constituyen el código penal vigente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Mordaza, la libertad de expresión está sufriendo en este país, una regresión de tintes claramente autoritarios. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo señala claramente que los actos de terrorismo han de tener la intencionalidad de causar muerte,heridos graves o tomar rehenes;propósito de atemorizar o intimidar a la población,u obligar a un gobierno
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"El art. 578 tipifica el enaltecimiento del terrorismo, que se ha aplicado, fundamentalmente, una vez que ETA ha cesado su actividad criminal. 76 personas han sido detenidas entre 2014 y 2015 en la “Operación Araña”, por tuitear, presuntamente, incitando a la comisión de delitos terroristas; una banalización azuzada por las algunas asociaciones de víctimas, como COVITE o la AVT, y claramente resistida y criticada porAmnistía Internacional y Jueces/Juezas por la Democracia. El Código Penal, además, tipifica en su art. 525 el delito de escarnio público o vejación pública de los representantes de las confesiones religiosas; en los arts. 490.3 y 491, el delito de injurias a la corona, frente a la que no cabe defensa alguna; en el art. 543, el delito de ultraje contra la patria, con el que se puede imputar a cualquiera que pite el himno nacional; y en el art. 504, las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Supremo, a los demás tribunales de justicia, y a los Ejércitos, Clases y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Gracias a la Ley Mordaza, solo en 18 meses, el Estado ha recaudado 131 millones de euros. Las multas se han impuesto por "desobediencia o resistencia a la autoridad", "la negativa a identificarse" o "la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". Las "faltas de respeto y consideración" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el primer motivo de sanción. Casi 30 personas son multadas a diario por esta causa y, como no se han cansado de repetir Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, buena parte de estas multas han recaído sobre los y las profesionales de los medios de comunicación, a los que se intenta amordazar a base de censuras y autocensuras. Tal es el caso de Mercè Alcocer (Catalunya Radio), Axier López (Argia), Esther Yáñez (Diario Vice), Antonio Ruiz (fotoperiodista El País), José Manuel de la Linde y Antonio Cattoni (Canal Sur Radio) o Cristina Fallarás.
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