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#2:
Esto es el ejemplo práctico de lo que puede pasarnos a nosotros si nuestros queridos europarlamentarios aprueban el TTIP.
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Esto es el ejemplo práctico de lo que puede pasarnos a nosotros si nuestros queridos europarlamentarios aprueban el TTIP.
#2 Eso ya nos puede pasar ahora (sin el TTIP).
#3 En teoría, y por lo que yo sé que no es demasiado de legislación internacional, hoy por hoy si hay un pleito entre una empresa y un país se resuelve en el tribunal de justicia competente del país. En europa, si no me equivoco que es fácil que lo haga, de momento esas disputas las puede juzgar el Tribunal de Estrasburgo (con toda la mecánica legislativa...). Si el TTIP entra en vigencia estos casos serán dirimidos por un "tribunal independiente" formado por "expertos en finanzas" y cuyas resoluciones son inapelables... Es decir la soberanía de los pueblos se va al garete... Esto entre otras muchas lindezas.
Otra cosa es que nuestros políticos hayan claudicado esa soberanía, pero con el TTIP no cabría ni esa posibilidad...
#6 No. Las disputas de un Estado con acreedores internacionales se resuelven en el CIADI. El caso de las renovables que tenemos en España lo deja claro: http://www.eldiario.es/economia/Nueva-internacional-Espana-retroactiva-renovables_0_264224470.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/47565-la-familia-mexicana-gomez-sainz-demanda-a-espana-ante-el-ciadi-por-las-renovables
http://www.lavanguardia.com/economia/20150617/54432878690/los-inversores-ks-y-tls-demandan-a-espana-ante-el-ciadi-por-reforma-renovable.html
#8 Muchas gracias por la aclaración. Me aprovecho de tus conocimientos: ¿el TTIP no imponía un tribunal paralelo completamente formado por el sector empresarial?
#10 No. Propone un tribunal parecido al CIADI con jueces independientes con posibilidad de apelación y que sea público (no privado como es el CIADI) y con regulación y normas claras.
#12 hummm eso no es lo que dice la propia web del europarlamento...
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150507STO52602/html/TTIP-%C2%BFcu%C3%A1l-es-la-mejor-manera-de-resolver-disputas-entre-inversores-y-estados
#13 Es algo que se está negociando y el Parlamento Europeo quieren esto: "Este sistema deberá estar "sujeto a los principios y el control democrático", gestionar los asuntos "de manera transparente", compuesto por "jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas". Tendrá que incluir un "mecanismo de apelación", respetar la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros y la UE y asegurar que los intereses privados no menoscaban los objetivos en materia de políticas públicas, subraya el documento adoptado por la Cámara."
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150702IPR73645/html/TTIP-est%C3%A1ndares-europeos-y-reforma-del-sistema-de-resoluci%C3%B3n-de-disputas
#15 Me tranquiliza bastante que de Mayo a Julio cambiaran "un poco" las cosas, la verdad.
Ahora, también es cierto que me fio más de una piraña en un bidet que de el eurogrupo...
De todas formas, gracias por tus aclaraciones.
#8 Eso será porque hemos firmado algún acuerdo de inversión internacional que recoja esa posibilidad de arbitraje y bajo qué condiciones se aplica la misma. Y debemos suponer que dicho acuerdo se plasmó en la legislación española porque si no, no sería de obligado cumplimiento. Se sobreentiende que cualquier demanda de una empresa contra España que no cumpla los requisitos del acuerdo sería desestimada.
El TTIP propone un nuevo acuerdo en el cual estarían incluidas todas las inversiones de EEUU en Europa, y establece las condiciones para acojerse a ese arbritraje y la composición de ese organismo, que entiendo que sería nuevo.
En resumen, que el TTIP supone mayores poderes para las empresas para demandar a España, mayor poder de los arbritrajes internacionales para decidir sobre los intereses y la legislación española, menores poderes para los jueces españoles de negarse a ello y aplicar las leyes españolas, y menores poderes para el parlamento para proteger a los ciudadanos y los intereses del país.
#20 "En resumen, que el TTIP supone mayores poderes para las empresas para demandar a España, mayor poder de los árbritrajes internacionales para decidir sobre intereses y legislaciones españolas, y menores poderes para los jueces españoles de negarse a ello y aplicar las leyes españolas."
Exactamente ¿cuál es la diferencia negativa con lo que hay ahora? Las demandas por las renovables no se van a dirimir por las leyes españolas y las del CIADI son sentencias sin posibilidad de apelación. Con el TTIP lo que se busca son tribunales con jueces expertos (los del CIADI no tienen ni que ser jueces) y con posibilidad de apelación.
#21 Porque ahora hay unos pocos casos y unas pocas empresas que podían acudir a arbitrajes. La diferencia es un nuevo acuerdo que va a incluir cualquier inversión norteamericana en españa, y ahora mismo no hay ningún acuerdo semejante que incluya ese ámbito tan amplio y para empresas de cualquier sector. Por ejemplo, seguro que actualmente no hay ningún acuerdo de arbitraje que incluya las inversiones de tabaqueras americanas y que impida a España legislar sobre salud pública en esa materia (sin tener que indemnizar a las empresas afectadas). De todos modos no soy un experto en tratados internacionales de arbitraje, si alguien sabe más del tema que nos ilustre.
#22 Todos las relaciones Estado-inversores internacionales se resuelven en el CIADI (si no hay acuerdo previo entre las partes). Nadie va a impedir a un país legislar lo que crea conveniente. En el texto donde se explica algo de esto (no sé si existe alguno más actualizado) lo explicita: "Esto significa que un inversor que presenta una demanda debido a que sus beneficios se han reducido por un cambio normativo introducido por el Estado (por ejemplo, reglamentos más estrictos sobre algún aditivo alimentario) no puede obtener compensación solo sobre esa base"
#23 Gracias por la información, pero sigo siendo escéptico respecto a los arbitrajes internacionales, ya que solo parecen servir para proteger a las grandes empresas de la acción de los estados. Recuerdo al caso Prestige donde los árbitros reconocieron una indemnización ridícula que solo cubría el coste de remolcar el barco unos días, los jueces españoles no dieron validez al arbitraje, entablandose un pleito contra la compañía naviera y la aseguradora por el total del daño medioambiental causado (que ya sabemos que al final no sirvió de nada, pero ese no es el punto).
El caso de esta noticia tampoco nos da buenas vibraciones sobre qué suponen los arbitrajes para los intereses de los ciudadanos, y contradice ese extracto que has pegado, ya que la compañía alega que no necesita cumplir con la legislación salvadoreña sobre minería que proteje el interés general. Primero propone al gobierno cambiar la ley por una a medida redactada por ellos, y al negarse el gobierno les reclama daños y perjuicios por un valor de cerca de 25 veces el valor de la inversión realizada (inversión en beneficio propio), pasando por encima de los intereses de los ciudadanos a decidir democráticamente sobre las condiciones de explotacion de sus recursos sin riesgos para el abastecimiento del agua potable. La sola amenaza de una demanda por una suma tan elevada que dejaría el país en bancarrota condiciona y mucho al gobierno salvadoreño, y otorga un poder inaceptable a las compañías.
#24 Esa regulación que se aplica ahora se está aplicando en base a la normativa actual que, precisamente, permite ese tipo de actuaciones. Lo que se quiere aprobar es la limitación de ese tipo de actuaciones y definir unos límites y normas claras para poder acudir a esos tribunales.
#25 Tengo serias dudas de eso, pero me gustaría que así fuese.
Por lo que leo el CIADI hasta ahora ha tenido un escaso poder sobre los estados, es un organismo que se utilizaba poco debido a su poca utilidad práctica para las compañías inversoras, por su falta de trayectoria histórica y debido a que es un arbitraje en el que las dos partes deben aceptar su competencia sobre unas inversiones concretas. Ese será el caso de las inversiones en renovables, ya que España puede reconocer la competencia del arbitraje con una simple cláusula contractual con los inversores, o con un reconocimiento legislativo expreso. En caso contrario el CIABI carece de competencias. A la hora de ejecutar el laudo, que es lo que importa, cada estado debe legislarlo y darle el poder de una sentencia firme del más alto tribunal (prohibiendo asimismo su revisión por vía judicial), algo que dudo mucho que se haya legislado así en España, con lo garantista que es nuestro sistema de derecho.
Me temo que el poder de estos arbitrajes va a incrementarse y mucho con la firma del TTIP, al que se le reconocerá una competencia absoluta sobre todas las inversiones, y la más alta capacidad ejecutiva con la firma del tratado, ya que es lo que requieren las empresas norteamericanas para invertir en Europa sin el freno de las enrevesadas y protectoras legislaciones de los 27 países que la forman.
#2 De acuerdo, pero también hay que analizar que pasta les ha podido adelantar la empresa a los corruptos de turno por el "si".
#9 Según tengo entendido es el propio gobierno de EEUU el que está presionando el TTIP, aunque bueno, hablar del gobierno de EEUU es lo mismo que hablar de las grandes corporaciones de EEUU... De todas formas@chisqueiro puede explicarnoslo mucho mejor de lo que podría hacerlo yo.
#9 que les demanden por sobornos no cumplidos ante la haya
Florentino, su Castor, su desaladora, su...
#4 Mucho más práctico el método español, ciertamente: aquí directamente les damos los millones sin necesidad de acudir a arbitraje.
[ESBBC] El arte del periodismo con oraciones simples
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Parada señala que El Salvador no otorgó la concesión de explotación porque Pacific Rim no cumplió tres requisitos de la Ley de Minería.
"Pacific Rim no era propietaria o tenía permiso de los dueños del área solicitada en concesión, no presentó un estudio de factibilidad y no presentó permiso ambiental", le dijo a BBC Mundo Parada, abogado oriundo de El Salvador.
Parada afirma que cuando el gobierno salvadoreño comunicó su decisión a la empresa, ésta intentó convencerlo de que cambiara la Ley de Minería e incluso "redactó un proyecto de una nueva ley en 2007, intentando que fuera aprobado en la Asamblea Legislativa".
"Cuando eso no fue posible Pacific Rim amenazó a El Salvador con un arbitraje internacional y cambió la nacionalidad a su subsidiaria Pac Rim Cayman de las Islas Cayman a Estados Unidos para acogerse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, CAFTA en inglés", afirmó Parada.
El Salvador afirma que Pacific Rim no cumplió los requisitos de la Ley de Minería y que el país está en su derecho de implementar medidas diseñadas para proteger la salud y la vida de su población y el medio ambiente.
Según Parada, es algo crucial, "especialmente en un país tan pequeño como El Salvador (21.000 km cuadrados), con un gran estrés hídrico y que esencialmente depende un río principal, el Lempa, que cruza todo el territorio salvadoreño y que resultaría afectado con cualquier derrame de sustancias tóxicas en el sitio del proyecto de Pacific Rim".
Image copyright AFP Image caption Algunos temen el impacto que puedan tener las empresas mineras sobre el medio ambiente.
En cuanto a los argumentos presentados por la minera internacional, Parada sostiene que "han cambiado a medida que ha avanzado el arbitraje".
"Primero dijeron que habían cumplido con todos los requisitos de ley, menos con el permiso ambiental, diciendo que no había sido otorgado por razones arbitrarias", aseguró el letrado.
"Pero al final, Pacific Rim/OceanaGold ha sostenido que tiene derecho automático a la concesión aún si no hubiese cumplido con los requisitos de ley, por el solo hecho de haber explorado y encontrado minerales", agregó.
Tras la demanda de OceanaGold, El Salvador ya cambió su Ley de Inversiones en 2013, eliminando cualquier referencia a arbitraje internacional para decidir sobre controversias con inversionistas extranjeros.
Pero la vía del tribunal arbitral está incluida en cada vez más acuerdos y tratados internacionales de inversión. Es uno de los puntos más controvertidos en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP por sus siglas en inglés, que está siendo negociada actualmente.
Parada considera que entender qué está en riesgo en el caso contra El Salvador es vital para otros países, porque "está en juego su misma esencia como Estados que deben velar por la salud y la vida de sus habitantes".
Bueno habrá que ver en que queda todo esto, porque la empresa invierte dinero en explorar el territorio, es de suponer que si te permite el gobierno explorar es para luego concederte la explotación, lo contrario es cierto que crea una inseguridad jurídica, pues es como decir "tu gástate el dinero en buscar oro y lo que sea , que si lo encuentras... ya nos quedamos nosotros con los datos". Un Estado es soberano pero no puede estar dando concesiones de este estilo para aprovecharse de la infraestructura de esa empresa y luego si te vi no me acuerdo.
#14 Parada señala que El Salvador no otorgó la concesión de explotación porque Pacific Rim no cumplió tres requisitos de la Ley de Minería. "Pacific Rim no era propietaria o tenía permiso de los dueños del área solicitada en concesión, no presentó un estudio de factibilidad y no presentó permiso ambiental", le dijo a BBC Mundo Parada, abogado oriundo de El Salvador.
1. Hacía falta que la empresa de minería fuese propietaria de los terrenos o tuviese permiso de los propietarios. Pcific Rim no tenía esos permisos.
2. Había que presentar un estudio de factibilidad o de viabilidad... que tampoco presentaron.
3. Además había que presentar el informe de impacto medioambiental. Y, adivina qué: tampoco lo presentaron.
Aunque la empresa invierta un dinero en explorar, si no se molesta en obtener los permisos y los informes necesarios que marca la ley es normal que se lo denieguen.