Amenazando a los defensores de derechos humanos, lo que se pretende es negar la posibilidad de la protección, de la afirmación de la verdad y los derechos de afrocolombianos al acompañamiento y la asistencia humanitaria. Con las amenazas se quiere ocultar la responsabilidad estatal en el paramilitarismo y en el despojo del territorio colectivo.