Entre las denuncias contra el sector minero figuran muertes, lesiones, violaciones y otros abusos atribuidos al personal de seguridad que trabaja para las empresas canadienses, así como políticas empresariales que provocan daño ambiental a largo plazo, el desplazamiento ilegal de las poblaciones locales y la subversión del proceso democrático. El gobierno de Canadá no investiga ni hace que las poderosas empresas mineras de su país respondan por las violaciones de los derechos humanos que cometen en América Latina.