“Los ayuntamientos deberían gestionar las viviendas vacías que están en posesión de bancos (sean rescatados o no), con la finalidad de evitar su deterioro y generar un mercado de alquiler asequible a cualquier bolsillo. Deberían establecer un precio de alquiler simbólico para las viviendas (por ejemplo, 50 euros mensuales) y destinar el importe percibido al mantenimiento de las fincas. Estas medidas permitirían aumentar la protección social a los más desfavorecidos y mejorar su calidad de vida”.