En este sentido, el dictamen del BCE subraya que la ejecución hipotecaria debe considerarse «el último recurso», ya que, a su juicio, los prestamistas garantizados deberían estar interesados en evitarla, puesto que resulta costosa y generalmente produce menos ingresos que las ventas voluntarias si el hipotecante continúa cumpliendo todas o una parte acordada de sus obligaciones de pago.
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