La escasez de plantilla, un sistema informático que falla y mayor carga de trabajo asfixian al organismo. La directora de una oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE) en un barrio de Madrid recuerda cómo hace algunos años los ciudadanos que iban a solicitar sus prestaciones por desempleo hacían largas colas desde la madrugada para conseguir ser atendidos. Esas colas han desaparecido, pero no porque la tecnología haya facilitado las cosas, sino porque ahora es materialmente imposible recibir esa atención para determinadas gestiones sin una

Según han explicado desde el Consejo General de la Abogacía Española, el Juzgado de lo Social nº2 de Málaga ha condenado a la mutua Umivale Activa a pagar una prestación de 15.000 euros a una veterinaria por riesgo durante la lactancia, tras considerar que su trabajo conllevaba exposición a agentes químicos y biológicos peligrosos para su salud y la de su hija lactante. La trabajadora, empleada indefinida en la empresa SOS Catycan S.L., presentó una solicitud en septiembre de 2023 que fue rechazada por la mutua, pese a informes previos que

Un total de 8.004 personas murieron de enero a marzo de 2025 esperando su prestación por dependencia en España. Es la peor consecuencia de las largas listas de espera que mantienen a más de 200.000 personas aguardando una ayuda del Estado, ya sea la teleasistencia, la ayuda a domicilio o una plaza en una residencia, según los últimos datos

Personal del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) secundó ayer una concentración en Vigo organizada por el sindicato CIG-Administración Pública para llamar la atención sobre la situación de “colapso” en la que se encuentra. Aseguran que se debe a una “alarmante” falta de personal y la puesta en marcha de una nueva aplicación “ineficaz para tramitar las prestaciones”, lo que provoca “retrasos inaceptables para las personas usuarias” en sus prestaciones.

La plataforma Renta Mínima de Inserción (RMI) ha denunciado este sábado en una concentración de decenas de personas frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es, a la práctica, un préstamo y no una prestación. "Denunciamos que el IMV no está dando respuesta a lo que la propia ley y su preámbulo establecía. Denunciamos que su funcionamiento al final convierte algo que debería ser una prestación en un préstamo", ha indicado en declaraciones a Europa Press una miembro de la plataforma.

Este régimen de compatibilidades entre empleo y ayudas por desempleo se aplicará a partir del 1 de abril de 2025. La nueva reforma del subsidio de desempleo, negociada por el Gobierno español en colaboración con los sindicatos, incluye numerosas modificaciones legales sobre estas prestaciones concedidas por el SEPE. Entre ellas, una de sus disposiciones más populares es la que permitirá compatibilizar el empleo y la percepción de la prestación, en concepto de complemento de apoyo al empleo.

Estudio que analiza programas de más de 140 países, concluye que los programas de transferencia de efectivo a niños a gran escala financiados por el gobierno mejoran los resultados de salud infantil. Estos programas son una forma basada en evidencia para que las naciones inviertan en la salud futura de su población y economía. www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673624023663?dgcid=

La Xunta va a obligar a todas las personas registradas en las listas del paro, estén o no cobrando una prestación económica, a firmar un acuerdo explícito para plasmar su intención de buscar activamente trabajo. De lo contrario, serán excluidas de esa lista. Perderán el derecho a las prestaciones económicas, si las estaban percibiendo, o descenderán en la prioridad para ser llamadas para un posible puesto.

Uno de los dogmas del derecho laboral es que la relación laboral es personalísima. ¿Qué significa eso? Muy sencillo: que la empresa contrata a una persona determinada, de carne y hueso, con nombre y apellidos. De este modo, si la persona fallece, se extingue el contrato de trabajo. Si enferma, no puede ser sustituida por su hermano gemelo. Ese principio comienza a tambalearse cuando, por ejemplo, es cada vez más factible compatibilizar el trabajo con la pensión de jubilación. Y sufrió un duro golpe cuando, el 18 de enero de 2024.

La Comisión Europea considera que aunque cada Estado miembro es libre de determinar su propio sistema de seguridad social y puede decidir calcular su prestación por desempleo, si éste se basa en el importe del salario anterior, el Estado miembro debe tener en cuenta tan solo el salario percibido por la última actividad laboral en el territorio de dicho Estado.El requisito de tener en cuenta exclusivamente el salario de la última actividad laboral en el Estado competente se aplica también a los períodos de trabajo en los demás Estados de la UE.

La jubilación anticipada puede ser una opción atractiva para muchos trabajadores, pese a que normalmente trae consigo una reducción del importe de la pensión. Sin embargo, hay algunos casos en los que es posible jubilarse a los 63 y cobrar el 100% de la pensión. Y es que, como norma general la jubilación anticipada implica renunciar a una parte de la pensión pública. Para desincentivar el retiro anticipado y ajustar la pensión, la Seguridad Social aplica una serie de coeficiente reductores sobre a la pensión que veremos más adelante.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este lunes discriminatorio que un Estado miembro exija a un residente de larga extracomunitario haber residido al menos una década en su territorio para acceder a medidas de la seguridad social, de asistencia social o de protección social; cuando las normas de la UE establecen un periodo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida para optar a la residencia de larga duración y, por tanto, tener derecho a la igualdad de trato.

El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, donde deberá reunir los apoyos necesarios para ser aprobado, el veto a los despidos automáticos ante incapacidad sobrevenida. La principal novedad que el Ejecutivo ha introducido en la misma durante la audiencia pública es que los trabajadores afectados por una incapacidad sobrevenida y que quieran seguir trabajando podrán cobrar una prestación pública durante los tres meses que tienen por ley sus empresas para adaptarles el puesto de trabajo.

Cuando las mujeres finlandesas se quedan embarazadas, saben que no necesitarán comprar los primeros pañales y ropa, ni el saquito de dormir ni tampoco una cuna para cuando su bebé nazca. Aparte de que en el norte de Europa se ve como un signo de mal augurio comprar bodys antes de que el bebé salga del útero y respire por si solo, el Estado finés envía por correo postal una caja de cartón con los cachivaches necesarios para las primeras semanas de vida de la criatura. En el fondo de la caja, hay un colchón.

La cuantía mensual de esta ayuda subiría si se aprueba la medida planteada por la ministra de Trabajo. La cuantía de esta ayuda podría aumentar este mismo año si llega a aprobarse la medida anunciada recientemente por el Gobierno, donde Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, defendió la importancia de incrementar el IPREM un tres por ciento.

El objetivo es acabar con la escasez de mano de obra en algunos sectores –un problema agravado tras el Brexit y la pandemia– y reducir la factura cada vez más abultada del gasto público en concepto de subsidios por desempleo y bajas médicas de larga duración. Cerca de un millón de empleos que siguen vacantes en el Reino Unido. Unos puestos que deberán ser ocupados en su gran mayoría por trabajadores británicos, ya que las nuevas medidas para frenar la llegada de inmigrantes provocarán un descenso en la mano de obra procedente de otros países.