Una empresa de la supuesta trama de corrupción urdida por Francisco Correa dejó sin pagar durante tres años una concesión para construir y explotar 32 locales del Ayuntamiento de Boadilla (Madrid), regido entonces por Arturo González Panero, el imputado en el caso Gürtel (la red de empresas vinculada al PP que investigó el juez Baltasar Garzón) y con el que Correa y sus asociados mantuvieron a través de sus diversas empresas una intensa actividad.
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