El Defensor del Pueblo ha enviado un informe en el que solicita que se autorice la entrada a España de 3 saharauis solicitantes de apátrida, que han sido atendidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, "a fin de asegurar la continuación del procedimiento con plenas garantías". Así lo indica en contestación a una queja que ha comenzado la CEAR, según se recoge en la resolución.

Interior ha deportado a dieciséis de los solicitantes de asilo saharauis que estaban retenidos en el aeropuerto de Barajas, algunos de ellos desde hace un mes, una vez que han sido denegadas sus solicitudes de protección internacional, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Algunos de los que permanecen en el aeropuerto ya tienen su deportación programada para el próximo domingo. Interior ha deportado a 16 de los solicitantes de asilo saharauis que estaban retenidos en el aeropuerto de Barajas, algunos de ellos desde hace un mes, una vez que han sido denegadas sus solicitudes de protección internacional, según han informado fuentes jurídicas.

La inmensa mayoría de los residentes viven en asilos privados o que están gestionados por empresas privadas pese a ser propiedad de una administración de Galicia. Según ha explicado la CIG en una nota de prensa, la protesta forma parte de una campaña iniciada por la central sindical "hace un par de años" para reclamar al Gobierno gallego un convenio de equiparación para todo el personal del servicio de residencias privadas de la tercera edad.

Teniendo en cuenta acontecimientos recientes, algunos podrían considerar que España es un referente en relación al derecho al asilo político en el mundo. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señaló en su informe anual que España se sitúa, de hecho, a la cola en la Unión Europea en relación al reconocimiento de asilo. Ese derecho, de carácter humanitario, se está usando a discreción de la agenda política y geopolítica de Madrid.

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Las solicitudes iniciales de asilo en los países de la Unión Europea disminuyeron en junio, siendo los sirios, venezolanos y afganos los principales solicitantes, según mostró el viernes un informe de Eurostat, la agencia estadística del bloque. Eurostat informó de 70.375 solicitudes de asilo por primera vez de ciudadanos no comunitarios en los 27 países del bloque, lo que supone un descenso de 17% respecto a junio de 2023.

El nuevo gobierno de coalición neerlandés, encabezado por el Partido por la Libertad (PVV por sus siglas en neerlandés) de Geert Wilders, ha pedido formalmente a Bruselas una cláusula de no aplicación de las normas de asilo. "Acabo de informar a la Comisión Europea de que quiero desvincular a Países Bajos de la materia de migración en Europa", ha indicado este miércoles en redes sociales la ministra de Asilo y Migración, Marjolein Faber.

El periódico israelí 'Haaretz' asegura que el Ejército israelí ya ha contactado con solicitantes de asilo, mayoritariamente africanos para que participen "en operaciones militares en ocasiones potencialmente mortales". Actualmente hay más de 30.000 demandantes de asilo viviendo en Israel. La información del diario israelí asegura que "los funcionarios de defensa se dieron cuenta de que podían utilizar a los solicitantes de asilo y explotar su deseo de obtener un estatus permanente en Israel como incentivo".

El Ejecutivo neerlandés ha anunciado su nuevo programa de Gobierno, que incluye un paquete de reformas en el sistema del asilo, para limitar la entrada de refugiados, aumentar las expulsiones y solicitar una cláusula de exclusión de la legislación migratoria europea.

Se trata de elevar el incentivo: en lugar de los 880 euros por adulto y 440 euros por niño que actualmente Suecia paga a los inmigrantes que se dejen devolver a casa, el Gobierno quiere aumentar la cantidad hasta los hasta 30.700 euros. "Estamos en medio de un cambio de paradigma en nuestra política migratoria", ha explicado el ministro de Migración, Johan Forssell. Se trata de pagarles para que se vayan, en lugar de para que se queden.

REDE, colectivo de familiares de personas usuarias de residencias de mayores, creen que el nombramiento de Eloina Nuñez como subdirectora en la Consellería de Política Social es un escándalo tras lo ocurrrido en los geriátricos en el área sanitaria de Santiago durante la pandemia de la covid. Hubo alguno, como Domus Vi San Lázaro, donde unas 50 personas y la Xunta, a diferencia de otros centros, nunca apartó a la empresa y puso al timón a médicos del SERGAS, cuya gerente en Santiago era por entonces la familiar del ex-presidente de la Xunta.

Con su decisión de exilarse en España, el candidato opositor en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio no solo se ha unido a los 7,7 millones de venezolanos que han dejado su país, sino también a los 1,5 millones que han obtenido la condición de asilado o refugiado en otras naciones, de acuerdo a cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El centro tiene previsto acoger a más de 200 personas, en su mayoría hombres jóvenes de entre 20 y 30 años procedentes de países subsaharianos. Los vecinos aclaran que «no están en contra de acoger a refugiados», pero expresan su preocupación por lo que consideran una «gestión descontrolada de la inmigración en la zona», señalando que esta situación podría acarrear «problemas de seguridad».