Desde Vox critican que esta operación "supone un coste superior a 117.000 euros por plaza solo en la compra del inmueble, sin que hasta la fecha se hayan hecho públicos los informes técnicos que detallen el coste real total del proyecto, incluyendo rehabilitación, mantenimiento, personal, servicios asociados y gasto corriente anual".

El ahora presidente de la Asamblea autonómica y exvicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, dejó en 2015 en manos de la entidad el reparto de subvenciones por 10,5 millones pese a que la Comunidad tenía datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo que le traspasó cuatro años antes iba cayendo en picado.

La crisis de las mamografías en Andalucía, lejos de sofocarse, no parece tener fin. A falta aún de una explicación completa y comprensible de lo sucedido, este martes se han conocido dos dimisiones en el Hospital Virgen del Rocío (donde, según la Junta, se concentran los errores), que se unen al cese de la consejera Rocío Hernández, una denuncia por el "borrado" de algunas pruebas, y se ha escuchado al propio presidente de la Junta, además de anunciando miles de nuevos contratos, también lamentando lo que llamó la "opacidad" del Sistema Andaluz

En Cantabria, un ciudadano sin partido, sin cargo y sin más altavoz que sus redes sociales ha logrado lo que muchos consideraban imposible: obligar al Gobierno regional a hacer público un software que hasta hace poco permanecía en secreto (obstaculizando así la libre concurrencia a contratos públicos), y defender en los tribunales su derecho a denunciarlo.

El Gobierno gallego solo hace públicos los fuegos que superan las 20 hectáreas, ofrece información incompleta sobre vecinos desalojados y profesionales heridos y ha reducido el número de partes diarios en medio de la ola de incendios de este verano.

Señalada como tapadera de la secta integrista El Yunque, la asociación comparte protagonismo con el pseudosindicato y Vox en las causas contra la mujer de Sánchez, el fiscal general del Estado o Ábalos. CitizenGo, la red internacional de la organización, recibió 34 millones de euros en donativos entre 2014 y 2024, según sus propias cuentas. "Un mundo mejor, más humano, desde una concepción cristiana del hombre y la sociedad". Es el objetivo por el que lucha HazteOír, según explicaba su presidente, Ignacio Arsuaga, en una entrevista publicada..

El informe trienal sobre la contratación pública, realizado por el Ministerio de Hacienda, revela falta de información en los concursos. "Hay un desfase entre los legisladores y las pequeñas administraciones", subrayan los expertos

La comisión que vigila que se cumpla la ley de transparencia le reprocha a la administración autonómica que se niegue a publicar el número de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad y en qué municipios se encuentran. El proceso se deriva de una pregunta enviada por esta redacción, que pidió, al amparo de las leyes de transparencia -hay una estatal de 2013 y otra autonómica de 2016- datos que la Xunta se resiste a dar incluso a las asociaciones que trabajan precisamente para que las personas en situación de vulnerabilidad ...

Oficialmente,el año pasado China vendió en el mercado comunitario1.095 millones de euros en productos de la pesca y la acuicultura,incluidos lomos de atún sin aranceles,si bien la cifra real se desconoce porque otras«son operaciones opacas». Además de «socavar gravemente la competitividad» en el mercado comunitario,es el país «con peor puntuación» en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de los 152 analizados en el 2019.Y«está agotando los recursos pesqueros a costa de abusos laborales, condiciones de trabajo inhumanas y derechos humanos

Un informe de la organización Cristosal señala la "opacidad" en el uso de 329 millones de dólares (306 millones de euros) de los fondos públicos de El Salvador para adoptar el bitcóin como moneda de curso legal desde septiembre de 2021 y concluye que ese criptoactivo "parece no tener futuro" en el país. Así lo señaló en una conferencia de prensa Ruth López, jefa del área Anticorrupción de la organización humanitaria, e indicó que existe una "disfuncionalidad del sistema que se puede evidenciar a partir de la opacidad de los fondos públicos…

La Oficina Municipal Antiocupación del municipio madrileño de Collado Villalba duró solo seis meses. Su creación fue pionera en España, pero su contratación fue opaca, desató una gran polémica en la localidad y ahora le ha costado la imputación a la alcaldesa, Mariola Vargas (PP), por su negativa a informar sobre el procedimiento de licitación y adjudicación, que recayó sobre una empresa de desocupaciones extrajudiciales administrada por un empresario investigado por desalojos violentos.