El Ministerio Público, Iberdrola y la empresa de seguridad Casesa han interpuesto sendos recursos de apelación contra a la sentencia que condenó a 16 activistas de Greenpeace por el asalto a la Central Nuclear de Cofrentes realizado en el año 2011, han informado a EFE fuentes judiciales.
"La Fiscalía solicitó dos años y ocho meses de cárcel para cada uno de los dieciséis activistas de Greenpeace y un fotoperiodista procesados"
"Iberdrola solicitaba una indemnización de 357.371 euros en concepto de responsabilidad civil."
"La empresa de seguridad Casesa ha presentado recurso ante esta sentencia, en la que se absolvía a un fotoperiodista que cubría la protesta, "por las lesiones causadas" a su personal, y pide que sean estimadas como constitutivas de delito."
2 años y ocho meses de cárcel, 357000€ y que el periodista sea también tratado como el resto. Lástima de no tener contrato en Iberdrola para poder darme de baja.
Siendo quien es una de las partes interesadas y la nula separación de poderes en este país, lo raro es que fiscalía no pida cadena perpetua prision permanente revisable, usando el terrorismo como excusa para mantener contenta a Ibedrola.
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"La Fiscalía solicitó dos años y ocho meses de cárcel para cada uno de los dieciséis activistas de Greenpeace y un fotoperiodista procesados"
"Iberdrola solicitaba una indemnización de 357.371 euros en concepto de responsabilidad civil."
"La empresa de seguridad Casesa ha presentado recurso ante esta sentencia, en la que se absolvía a un fotoperiodista que cubría la protesta, "por las lesiones causadas" a su personal, y pide que sean estimadas como constitutivas de delito."
2 años y ocho meses de cárcel, 357000€ y que el periodista sea también tratado como el resto. Lástima de no tener contrato en Iberdrola para poder darme de baja.
Siendo quien es una de las partes interesadas y la nula separación de poderes en este país, lo raro es que fiscalía no pida
cadena perpetuaprision permanente revisable, usando el terrorismo como excusa para mantener contenta a Ibedrola.Si aplicamos la doctrina Botín, Iberdrola no puede actuar como acusación particular en un desorden público.