Les acusa de no impedir durante más de ocho años los vertidos de sustancias tóxicas a un río provocando graves daños en la fauna de una zona protegida. Las sustancias que se vierten son altamente contaminantes debido a la concentración y al efecto acumulativo que están teniendo en el medio elevadas concentraciones de DQO (Demanda Química de Oxígeno). Estas sustancias superan entre 5 y 25 veces los valores límite permitidos.