La historia arranca el 20 de abril de 2002, con el fallecimiento de una mujer que, en el momento de perecer, mantenía un litigio con Aena al ser “dueña de una determinada finca expropiada” por la autoridad aeroportuaria “pendiente de determinación del justiprecio”, según el documento del TEAR al que ha accedido este medio. En el momento del fallecimiento no estaba en vigor la bonificación al 99% del impuesto por heredar, aprobado por Esperanza Aguirre en 2006.