El 27 de octubre de 2014, el nombre de la empresa Cofely saltaba a todas las portadas: la empresa era considerada por el juez Eloy Velasco como uno de los ejes de la ‘trama Púnica’, acusando a sus directivos en España de amañar contratos públicos en numerosos municipios de la Comunidad de Madrid por valor de más de cien millones de euros. Además de la propia entidad – filial de la multinacional francesa GDF Suez – fueron imputados varios de sus directivos y trabajadores.
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