España logró cerrar el año con un déficit del 3,1% del PIB, en línea con lo comprometido, y se quedó a un paso de salir del procedimiento de déficit excesivo gracias al buen comportamiento presupuestario de las comunidades autónomas –principales culpables de las desviaciones de ejercicios anteriores– y los ayuntamientos. Mientras, el Estado y la Seguridad Social no lograron cuadrar sus cuentas.
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Un 60% menos de inversión para sanidad, para educación, para infraestructuras, para ayudas sociales...