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...el funcionario elaboró un informe donde desglosa todas las irregularidades empleadas durante años en la subcontratación de sistemas de información en dicha consejería, denunciando externalización injustificada contra el principio de economía, favorecer adjudicatarias sin convocar durante años Oferta de Empleo Público (OPE) para técnicos del sector, cesión ilegal, y cláusulas abusivas contra los derechos humanos.

El funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Jaime González Díaz, también denunció en 2015 una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—. Por su extensión en casi todas las comunidades, se está unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, de lo que se conoce como el cártel del fuego. 

A raíz de aquella denuncia ha sufrido el acosado, la apertura de un expediente y sancionado por sus superiores, como denunció en el siguiente video:

En la misma linea, el funcionario elaboró un informe donde desgloza todas las irregularidades empleadas durante años en la subcontratación de sistemas de información (Sector TIC) en dicha consejería, denunciando externalización injustificada, contra el principio de economía, favorecer adjudicatarias sin convocar durante años Oferta de Empleo Público (OPE) para técnicos del sector, cesión ilegal, y cláusulas abusivas contra los derechos humanos. Adjuntamos informe completo:

INFORME SOBRE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN “SERVICIO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOFTWARE PARA LAS TAREAS DE ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CMAyOT”

Del informe es interesante extractar las siguientes apreciaciones del asesor técnico que lo firma (los subrayados y negrita son nuestros):

• Se observa que estas son unas prestaciones cuya contratación se repite periódicamente en la sede de la Consejería, del estudio de la plataforma de contratación se observa que se licita la misma prestación desde 2009. Desde 2009, que es cuando hay registros en la plataforma, se hace un contrato y cuando éste expira, se realiza uno nuevo. Así también se hizo en 2013.

Por tanto, si son unas prestaciones necesarias y estables, se debería sacar una OEP [oferta de empleo público] y cubrir esas plazas. Se está produciendo una externalización de los servicios injustificada, cuando además hay cuerpos de funcionarios que pueden desarrollar esta labor perfectamente como luego veremos, y se reduciría el gasto. Esto va en contra del principio de economía. Además se observa que la Administración hace años que no hace una convocatoria de oposiciones de los cuerpos de informática y cuando lo ha hecho, hace décadas, encima han sido ofertas pírricas, simplemente testimoniales.

• Pero el mayor vicio de todos es que ni aun así se delimita claramente el objeto del contrato, se presupone que será el análisis de los posibles desarrollos que los sistemas de información de la CMAyOT necesitarán, y por otro lado la ejecución de esos desarrollos. […] Se observa que el objeto real del contrato es la mera disposición de trabajadores a la Consejeríapara suplir sus carencias de personal y que las adjudicatarias saquen un beneficio por ello. A esta opinión coadyuva además el hecho de que sea palmario para este técnico y para cualquier persona que trabaje en la consejería, que por empresas privadas se ocupan plantas enteras de la sede administrativa de la CMAyOT donde hay trabajadores externos que desarrollan de forma permanente sus funciones allí, con equipos y materiales de la propia CMAyOT y bajo el régimen directivo de personal funcionario de la Consejería, y muchos de ellos llevan así por años. Pero en esto abundaremos más adelante y especificaremos los subterfugios que realiza la CMAyOT para intentar disimular este propósito, el cual no está contemplado y es contrario al ordenamiento jurídico.
• En el presente caso, se puede determinar el precio según unidades de tiempo como realmente se ha pretendido, simplemente no se quiere emplear para no reconocer que el contrato consiste simple y llanamente en una cesión de trabajadores. El mejor sistema sería una combinación de un sistema de determinación por unidades de tiempo en conjunción con un sistema de por unidades de ejecución, pero para ello se debería determinar previamente cuáles son esas unidades de ejecución, y como hemos dicho y como quedará cada vez más claro a cada paso que demos en este estudio, precisamente lo que no se ha delimitado en la definición primigenia del contrato son las actuaciones en qué consistirá la presente prestación, sino que es una mera puesta a disposición de trabajadores a favor de la Consejería con el mero propósito de realizar tareas administrativas en muchos casos.
• Se establece una cláusula en el contrato que establece una condición totalmente abusiva, arbitraria y contraria a los derechos humanos, más propia de regímenes esclavistas que de un estado de derecho como supuestamente es España. Se dice que la Consejería se reserva en cualquier momento el derecho de rechazar cualquiera de las personas que integren el equipo de trabajo que se le pone a disposición. Esto aparte de ser totalmente abusivo, porque se habrá de justificar el motivo de este rechazo y además habrá de ser algún tipo de infracción grave, supone una quiebra de todos los derechos y garantías establecidas en nuestra legislación laboral, es una forma de precarización de las condiciones de trabajo bestial, lo cual choca de frente con el pretendido interés anunciado por la Junta de Andalucía de promover la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones públicas, y además choca aún más a las claras con la pretendida separación del equipo de trabajo de la empresa adjudicatoria de las potestades de autoorganización de la Administración.

Ayesa AT: Subcontratación, privatización, cesión ilegal, precarización...

El informe ayuda a entender ciertas medidas que se han adoptado recientemente: como que cada vez haya menos trabajadores de AYESA AT en dependencias de la Junta de Andalucía; movimientos de trabajadores desde el cliente Junta de Andalucía a la Torre Sevilla; el alquiler del edificio INSUR; etcétera. Así mismo, somos conocedores de que la Junta de Andalucía y empresas subcontratistas —como, por ejemplo, AYESA AT—, han sufrido denuncias por cesión ilegal que han arrojado sentencias favorables a los trabajadores, debiendo ser contratados por la Junta de Andalucía. 

Según el razonamiento que plantea el informe de la Junta al que nos referimos, que pone el dedo en la llaga sobre las externalizaciones injustificadas, la cesión ilegal y para esas “prestaciones necesarias y estables, se debería sacar una OEP y cubrir esas plazas”, en AYESA AT hay muchos proyectos donde trabaja un número importante de compañeros que encajarían en esta realidad. Somos conscientes, por la experiencia y el conocimiento de otros casos y en otros sectores, de que la Junta de Andalucía, cuando pretende eludir sus responsabilidades con los trabajadores y reestructurar sectores, progresivamente va perdiendo peso accionarial en las empresas en las que, en un futuro, se producirán reestructuraciones de las plantillas para que los empresarios amigos y los sindicatos verticales del régimen (CCOO-UGT), bien alimentados y regados económicamente por la Junta con dinero público, les hagan el trabajo sucio y desarrollen su parte del trabajo, dividir a los trabajadores y firmar los ERE que les echen. 

La Junta de Andalucía creó en 1984 la empresa pública SADIEL para desarrollar la Informática y la Electrónica en la región, pero, con el devenir de los años, fue para tener un Cuerpo de Informáticos en la Administración y contribuir a la existencia de un sector totalmente desregulado. Conformó una empresa controlada por ella misma con dinero público en la que los trabajadores trabajaban tanto para la Administración como para grandes monopolios como ENDESA, con unas condiciones laborales netamente inferiores a las de los empleados públicos o los de ENDESA, y donde ambas organizaciones tenían una menor responsabilidad para con los trabajadores de SADIEL. 

La Junta creó y desarrolló una gran empresa que incluso sirvió para sacarle castañas del fuego, véase DELPHI y la creación de SDS que, atendiendo a la Declaración del Dtor. Gral. Corporativo D. G. del Real en enero de 2014 en los juzgados de Jerez de la Fra., fue una decisión política —por cierto, otro juicio donde las secciones sindicales de la Dirección de AYESA AT, CCOO y UGT, estuvieron escondidas y no aparecieron, mientras que nuestro sindicato estuvo allí con los compañeros de SDS y nuestro Presidente del Comité de Empresa declaró en el juicio—.

En los momentos más intensos de la crisis, la Junta de Andalucía y ENDESA optaron por vender a precio casi de saldo parte de sus acciones de SADIEL a AYESA para que ésta se convirtiera en accionista mayoritario en 2011. A partir de ahí hemos podido comprobar los efectos perniciosos que ha tenido la entrada de AYESA como accionista mayoritario en la empresa. A la eliminación unilateral de los beneficios sociales, la paga variable de final de año, la supresión de un mes de jornada intensiva, etcétera, hay que añadir:

• una política empresarial en lo concerniente a la gestión del personal que pisotea los derechos de los trabajadores —violando las leyes, como atestiguan un número elevado de sentencias judiciales— y genera un clima laboral insoportable. Una gestión de personal que no contempla una carrera profesional, lo que provoca el alto número de bajas voluntarias que se producen;
• una política de contratación que impone precariedad y temporalidad;
• una política de gestión basada en la creación de empresas como ATECH BPO —con unas condiciones laborales, sencillamente, infames cuyo objetivo es tirar por tierra los salarios de los trabajadores— a las que se desvía trabajo de AYESA AT.

La Junta de Andalucía, como expresa el informe técnico antes mencionado o como hemos visto en AYESA AT, se ampara en que sólo tiene un 22% de las acciones para ponerse de costado ante los atropellos contra la legalidad y los derechos de los trabajadores y afirmar que ella no puede hacer nada.

Por todo lo que os hemos expuesto, por todo lo que está aconteciendo, y por conocimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor es por lo que consideramos que es fundamental que los trabajadores nos movilicemos para exigir que la Junta de Andalucía asuma la responsabilidad que tiene con los trabajadores de AYESA AT y con la empresa.

Desde CSC consideramos que la Empresa es, y debe estar, al servicio de quienes trabajan y generan la riqueza —los trabajadores— y no de aquellos que no sólo no la generan, sino que establecen condiciones de precariedad, temporalidad y no respetan a los trabajadores y a sus derechos. Por ello,criticamos abiertamente a la Dirección de la Empresa. La Dirección no es la Empresa, pues la empresa somos los que generamos el beneficio con nuestro trabajo. Es por ello que os reiteramos que desde CSC vamos a trabajar para que la Junta de Andalucía se haga con el control absoluto de la Empresa, puesto que la actual Dirección ha demostrado su incapacidad y, en nuestra opinión, está inhabilitada para seguir dirigiéndola. Nuestro objetivo como sindicato de clase es luchar porque haya unas condiciones de trabajo justas, se respeten los derechos de la plantilla, y el trabajador, gracias a su esfuerzo y trabajo, pueda vivir digna y desahogadamente y no malvivir, que es el proyecto empresarial de AYESA. Todo esto no puede ser obra de un sindicato, ni de una sección sindical, sino que únicamente puede conseguirse con la movilización de la plantilla. 

Mientras desde CSC trabajamos y estudiamos la situación para saber qué es lo que viene y por dónde debemos ir para que los trabajadores no retrocedamos, los sindicatos de la Empresa (CCOO y UGT) trabajan duro en estos dos meses —todo lo que no han hecho en estos 8 años pretenden hacerlo ahora— descalificando a CSC (exactamente lo mismo que hace y les dice la Dirección de AYESA AT) con el objetivo de desmovilizar a la plantilla, puesto que saben que la única fórmula que hay para que la Dirección de AYESA AT triunfe es la desmovilización de la Plantilla. Por ello, los trabajadores debemos pasar a la ofensiva, por nuestros derechos y por nuestra dignidad, y por ello debemos convertir este proceso electoral una enorme movilización de la plantilla que sirva para fortalecer las posiciones de los trabajadores, o lo que es lo mismo, fortalecer CSC, que es sinónimo de debilitar a aquellos que pisotean nuestros derechos, la Dirección de AYESA AT y sus secciones sindicales amarillas (UGT-CCOO) cómplices de todas las tropelías perpetradas por la Dirección e instrumento de ella. Es responsabilidad de la plantilla hacerlo, con la plantilla movilizada se puede conseguir todo, de los trabajadores depende. 

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A LA CSC!

“Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar la libertad que construimos.” Ernesto Guevara de la Serna.

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