El exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa ha denunciado ante la Justicia que la exmilitante socialista Leire Díez aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado la orden de "limpiar sin límite" después de conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Así figura en el sumario de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Onda Cero.

Las primeras denuncias en los tribunales contra la mujer del presidente llegaron a mediados de 2023 cuando un abogado pidió información y la Universidad respondió con un apoyo cerrado a la legalidad del proyecto académico.

La institución alega que la supuesta apropiación del software pudo haber causado un “perjuicio económico” y acepta el ofrecimiento del juez Peinado de actuar en la causa

La defensa de la mujer de Sánchez solicita que el juez recabe de Moncloa la identidad de esos asistentes "con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaron a cabo"

La Fiscalía cuestiona la investigación por falta de indicios de delito, mientras las acusaciones populares siguen ampliando su estrategia contra Gómez. Begoña Gómez está citada de nuevo este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, después de que éste haya decidido que la parte principal en la que la investiga por delitos como tráfico de influencias también sea juzgada por un jurado popular, como hizo con la pieza centrada en una presunta malversación, informa EFE.

El juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez, enviará a juicio la mujer de Pedro Sánchez por malversación de fondos públicos frente a un jurado popular, de igual manera que hará con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y con el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El jurado popular no es un invento reciente ni una excentricidad judicial. Lo recoge el artículo 125 de la Constitución y, desde 1995, lo regula la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. La idea es sencilla: que la ciudadanía tenga voz en l

La ausencia de estos correos impide su análisis por parte de la UCO en la investigación sobre un posible desvío de dinero público relacionado con el África Center.

El magistrado pide ya 70.000 euros a Gabriel Rufián, Óscar López o Patxi López, últimos denunciados. El magistrado se querelló contra Rufiáan después de que éste sugiriera que trabajaba para el PP, dejando caer así que estaba perpetrando un delito que le convertía en un prevaricador. Peinado le reclamaba al político que rectificara en sede judicial o, de no hacerlo, presentaría contra él una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al derecho al honor para reclamarle la cantidad señalada.

Una anotación en un post it en la agenda de la responsable de la Fiscalía madrileña que emitió la nota de prensa que contenía datos confidenciales del empresario Alberto González Amador ha hecho saltar todas las alarmas, según el medio 'El Debate'