Tras las 7.291 muertes de personas residentes que no fueron derivadas hacia los hospitales, la Fiscalía “no ha llamado a declarar a los culpables”. La tragedia en estos centros de mayores, sucedida por los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, permanece impune, denuncian las familias que, “encadenadas al sufrimiento” han acudido este martes ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.