#teahorrounprompt

Vale, ayer ya llegaron los primeros negativos, pero las noticias han pasado de portada de artículos a portada general. Así que hoy cambiamos un poco el tono.

Después de varios artículos sobre jueces, policías, fiscales y engranajes institucionales que parecen funcionar siempre en la misma dirección, toca hablar de los otros: los que denunciaron, los que investigaron, los que no miraron hacia otro lado o los que, por una vez, hicieron lo que se supone que había que hacer.

No busco canonizar a nadie. Algunos tienen sombras, errores o contradicciones. Pero todos comparten algo: en algún momento se salieron de la fila, rompieron la omertá o hicieron correctamente su trabajo cuando lo fácil era no verlo.

Prompt:

Actúa como cronista judicial y político español. Busca personas relevantes que denunciaron corrupción, investigaron correctamente casos sensibles o se negaron a participar en el silencio institucional. Para cada una, resume en pocas líneas qué hicieron, qué poder incomodaron y cómo el sistema, el partido, los medios o las cloacas les hicieron pagar el atrevimiento. No los conviertas en santos: limítate a mostrar el coste de no seguir la omertá.

Y el resultado es bastante instructivo.

José Luis Peñas: el concejal que puso la grabadora

José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, fue uno de los denunciantes que permitió destapar Gürtel. Grabó durante años conversaciones con Francisco Correa y su entorno, y esas grabaciones acabaron siendo una de las llaves de entrada al mayor caso de corrupción del PP.

Cómo le hicieron pagar:

No acabó convertido en héroe institucional, precisamente. También fue condenado por su participación en la trama, aunque después recibió un indulto parcial. El sistema aceptó sus grabaciones, pero no le regaló una estatua. Fue útil para abrir la puerta, pero la maquinaria no perdona fácilmente al que traiciona la familia.

Moraleja:

En España puedes ayudar a destapar una trama que tumba un Gobierno y aun así acabar siendo tratado como nota al pie incómoda.

Ana Garrido: la funcionaria que vio demasiado

Ana Garrido Ramos, extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunció irregularidades que ayudaron a tirar del hilo de Gürtel en uno de sus grandes epicentros municipales.

Cómo le hicieron pagar:

Según ha contado durante años, sufrió acoso laboral, aislamiento, pleitos, desgaste personal y profesional. La corrupción no siempre necesita matarte: a veces basta con convertirte la vida laboral y familiar en una trituradora.

Moraleja:

Si una funcionaria cumple con su deber y denuncia una red clientelar, el sistema debería protegerla. En España, muchas veces primero la deja sola y después la invita a dar charlas sobre integridad.

Manuel Morocho: el policía que siguió los papeles de Bárcenas

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y principal investigador de Gürtel, siguió durante años el rastro de la financiación irregular del PP y de los papeles de Bárcenas.

Cómo le hicieron pagar:

En el juicio de Kitchen ha declarado que sufrió presiones para no incluir nombres como Rajoy o Cospedal en sus informes, que se intentó apartarle de la investigación y que incluso le ofrecieron destinos mejor pagados. Es decir: el premio habitual al funcionario incómodo. Un ascenso, pero hacia fuera.

Moraleja:

Cuando un investigador llega demasiado cerca de la verdad, siempre aparece alguien preocupado por su bienestar profesional.

Hermes de Dios: el comisario del ático de Ignacio González

Agapito Hermes de Dios, excomisario de Marbella, investigó el famoso ático de Ignacio González en Estepona/Marbella y sostuvo que había indicios oscuros sobre la verdadera propiedad del inmueble.

Cómo le hicieron pagar:

Declaró que recibió presiones para cerrar la investigación, que le pusieron delante un documento para que afirmara que no había encontrado indicios de delito y que temió por su carrera policial. También contó que Ignacio González le denunció por revelación de secretos.

Moraleja:

Investigar un ático puede ser más peligroso que investigar un zulo, dependiendo de quién duerma arriba.

Marcelino Martín-Blas: Asuntos Internos contra Villarejo

Marcelino Martín-Blas fue responsable de Asuntos Internos y se enfrentó al comisario Villarejo en una época en la que Villarejo no era todavía “el excomisario Villarejo”, sino una pieza muy cómoda para demasiada gente.

Cómo le hicieron pagar:

Interior le relevó de Asuntos Internos en 2015, en pleno enfrentamiento con Villarejo. En cualquier democracia sana, investigar a las cloacas debería ser una medalla. Aquí muchas veces es una invitación a mudarte de despacho.

Moraleja:

Asuntos Internos está muy bien hasta que se toma demasiado en serio lo de “internos”.

Pablo Ruz: el juez que no aceptó al PP como víctima de su propia caja B

Pablo Ruz instruyó Gürtel y los papeles de Bárcenas. Dio por acreditada indiciariamente una contabilidad paralela en el PP y rechazó que el partido se personara como “ofendido” por la caja B. El PP no era la víctima: era, como mínimo, parte del paisaje.

Cómo le hicieron pagar:

No fue expulsado ni perseguido penalmente. Pero tampoco terminó precisamente blindado en la Audiencia Nacional. Al acabarse su etapa, volvió a su juzgado de Móstoles mientras otros perfiles mucho más complacientes han tenido carreras bastante más mullidas.

Moraleja:

En España investigar la caja B del partido que gobierna puede ser compatible con hacer bien tu trabajo. Lo que no parece garantizar es una carrera institucional especialmente cómoda.

Pablo Casado: cuando el PP descubrió que investigar a Ayuso era peor que perder elecciones

Pablo Casado no es precisamente un héroe anticorrupción. Pero en 2022 hizo algo muy sencillo: pedir explicaciones sobre el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Cómo le hicieron pagar:

Políticamente duró menos que un hielo en agosto. La guerra interna acabó con su liderazgo, Ayuso salió reforzada y el PP aprendió una lección muy clara: la corrupción se denuncia hacia fuera, no hacia dentro.

Moraleja:

Casado pensó que podía pedir explicaciones sobre el entorno familiar de Ayuso y seguir siendo presidente del PP. Fue un error de cálculo casi enternecedor.

Rodolfo Ruiz: el comisario de Vallecas triturado por la conspiración del 11-M

Rodolfo Ruiz, entonces comisario de Puente de Vallecas, quedó en el centro de las teorías conspirativas del 11-M por la mochila con explosivos que no llegó a estallar y que fue clave en la investigación.

Cómo le hicieron pagar:

Durante años fue acusado de fabricar pruebas falsas o de participar en una conspiración. Él y su familia sufrieron una campaña brutal. Su esposa terminó suicidándose y su familia quedó marcada por aquella maquinaria mediática de la sospecha.

Moraleja:

A veces hacer tu trabajo en una comisaría no basta. Si tu trabajo desmiente el relato que algunos necesitan, te convierten en villano para que la mentira respire.

Conclusión

Estos casos no demuestran que España sea una mafia perfecta. Las mafias perfectas no existen. Lo que muestran es algo más triste: que en España, cuando alguien rompe la omertá, rara vez encuentra una alfombra roja.

• Encuentra expedientes.
• Encuentra acoso.
• Encuentra soledad.
• Encuentra campañas mediáticas.
• Encuentra carreras truncadas.
• Encuentra puertas que se cierran.
• Y, de vez en cuando, encuentra una sentencia muchos años después diciendo que sí, que quizá tenía razón.
• Por eso estos nombres importan.

No porque sean santos. Sino porque recuerdan que la corrupción no se combate solo con grandes discursos, sino con gente concreta que un día decide grabar, denunciar, investigar, declarar o no firmar un papel falso.

Y casi siempre paga la factura.

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Ante la incredulidad de muchos meneantes que han visto a la UCO reconstruir hasta el último piso, mensaje, viaje, pago y relación personal de Ábalos, pero siguen esperando una precisión parecida con el dinero del novio de Ayuso o las cuentas de Montoro, he creado un prompt para entender el fenómeno:

Actúa como cronista judicial español. Compara la velocidad, intensidad y lenguaje de la UCO cuando investiga casos que afectan al PSOE, al Gobierno o al fiscal general del Estado, frente a casos que afectan al entorno del PP. No afirmes conspiraciones. Limítate a poner juntos los cronómetros, las frases y las cuentas bancarias.

Y el resultado es bastante didáctico.

1. Ábalos: aquí sí hay lupa

En el caso Ábalos-Koldo-Aldama, el teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delitos Económicos de la UCO, no se limita a decir que hay indicios. Construye relato. Dice que Aldama pagaba, que “el que paga manda”, pero que sin Ábalos “no habría sido posible”. También lo presenta como “miembro cualificado” y figura clave para abrir puertas en la Administración.

Aquí la UCO sabe quién paga, quién manda, quién consigue, quién abre puertas y hasta qué papel sentimental o doméstico juegan determinados pisos. En concreto, se ha informado del pago de 88.000 euros por el piso disfrutado por Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos.

Cuando el foco está en Ábalos, la investigación parece una novela realista: personajes, jerarquía, pisos, frases, pagos, acompañantes, WhatsApps y moraleja.

2. González Amador: casi dos millones y la lupa se empaña

Luego está Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según las informaciones publicadas, cobró 1.973.000 euros de FCS Select por intermediar en la compra de material sanitario durante la pandemia, a través de Maxwell Cremona.

También se ha publicado que Ayuso y González Amador viven o han vivido en una vivienda de alrededor de un millón de euros, comprada después del fraude fiscal investigado.

Y aquí viene el contraste: por 88.000 euros de un piso vinculado a Ábalos tenemos narrativa, intención, jerarquía y psicología criminal. Por casi dos millones de euros en comisiones pandémicas y una casa de lujo donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, el sistema parece necesitar más tiempo, más prudencia y más siestas procesales.

La UCO fue encargada de investigar el posible origen ilícito del patrimonio de González Amador, y la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado su intento de impedir que la unidad informe sobre ese patrimonio.

Es decir: la investigación existe. Lo curioso es el volumen del altavoz.

3. El fiscal general: cuando investigar al novio de Ayuso acaba contigo en el banquillo

El caso del fiscal general del Estado es la obra maestra de la unidireccionalidad.

La Fiscalía investiga el fraude fiscal de González Amador. La defensa del novio de Ayuso había ofrecido reconocer dos delitos fiscales para alcanzar un pacto. Después estalla la batalla mediática por los correos. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, admitió haber difundido un correo del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña.

Pero el condenado acaba siendo Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos. El Supremo lo condenó a dos años de inhabilitación, multa e indemnización a González Amador.

La UCO registró, analizó y pidió datos a Google y WhatsApp. ¿Resultado? No encontró información inédita de interés en esos datos.

Resumen para niños:

si el fiscal general intenta desmontar el relato construido alrededor del novio de Ayuso, acaba condenado.

si Miguel Ángel Rodríguez difunde correos y habla de “órdenes de arriba” como deducción o intuición, el tren judicial no parece coger la misma velocidad.

4. Leire Díez: buscar mierda contra Balas también tiene premio

Leire Díez es el espejo perfecto.

Según las informaciones publicadas, fue imputada por supuestas maniobras para obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales. Entre esos nombres aparecía Antonio Balas.

La idea es maravillosa en términos institucionales:

si buscas corrupción o trapos sucios contra Balas, acabas investigada.

si la Fiscalía busca el fraude fiscal del novio de Ayuso, acaba condenado el fiscal general.

si la UCO investiga a Ábalos, tenemos relato completo.

si hay que seguir el dinero de Montoro, entramos en modo niebla.

No hace falta decir que todo sea una conspiración. Basta con observar hacia dónde corren los procedimientos y hacia dónde caminan.

5. Montoro: seguir el dinero, pero sin pasarse

El caso Montoro es el mejor ejemplo de cómo el entusiasmo investigador puede sufrir bajadas de azúcar.

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos favores fiscales vinculados al exministro Cristóbal Montoro y a su antiguo despacho, Equipo Económico. La causa incluye posibles delitos graves de corrupción, tráfico de influencias y fraude a la Administración.

Pero cuando tocaba analizar cuentas, la fiscal del caso reprochó que el informe de la UCO tenía un “alcance reducido”: solo analizaba 10 cuentas de entre más de 200 entregadas. La frase de la fiscal es bastante clara: “Ninguna conclusión puede extraerse del mismo”.

Para Ábalos: mensajes, pisos, pagos, acompañantes, relaciones y relato completo.

Para Montoro: 10 cuentas de más de 200 y ya si eso vamos viendo.

Conclusión

No hace falta afirmar que la UCO actúa por encargo político. Tampoco hace falta decir que todos los jueces, fiscales o guardias civiles participan en una conspiración.

Basta con mirar la dirección del tráfico.

Cuando el caso mira hacia el PSOE, el Gobierno o el fiscal general, la unidad de Antonio Balas encuentra frases, móviles, registros, relatos, cronologías, pisos y hasta psicología de los acusados.

Cuando el caso mira hacia el novio de Ayuso o hacia Montoro, aparecen la prudencia, los tiempos largos, los informes de alcance reducido y las cuentas bancarias que, misteriosamente, se vuelven más difíciles de mirar.

En España la justicia no siempre es lenta.

A veces solo va en una dirección.

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Yo, como el juez García-Castellón, también os amenazo: seguiré poniendo estos artículos mientras los sigáis leyendo. Que me lleva cinco minutos.

García-Castellón se ha mostrado muy ofendido con quienes hablan de lawfare o prevaricación judicial. De hecho, llegó a decir que si alguien cree que un juez prevarica, que presente denuncia. Como no queremos disgustar al magistrado jubilado, vamos a hacer otra cosa: no decir que prevaricó, sino imaginar qué decisiones alternativas habría podido tomar para que ningún malpensado dudase jamás de su imparcialidad.

García-Castellón se hizo fama de azote de algunos poderosos en su primera etapa en la Audiencia Nacional, con casos como Banesto o Jesús Gil. Después pasó muchos años como juez de enlace en Francia e Italia y regresó en 2017 al Juzgado Central de Instrucción número 6 para heredar algunas de las causas más sensibles de la política española: Lezo, Púnica, Villarejo, Kitchen, Dina, Podemos y Tsunami Democràtic.

Prompt:

Actúa como asesor legal de apariencia de imparcialidad judicial. Analiza las decisiones más polémicas del juez Manuel García-Castellón en causas políticamente sensibles. Para cada caso, no afirmes que haya cometido delito alguno. Indica únicamente qué decisión tomó y qué alternativa procesal, perfectamente legalista, garantista y prudente, habría podido adoptar para que ningún ciudadano escéptico dudase de su voluntad de buscar la verdad caiga quien caiga.

Y el resultado es bastante didáctico.

Lezo: volver, aterrizar y rebajar una fianza

Decisión polémica:

• En 2017 García-Castellón vuelve a la Audiencia Nacional y hereda Lezo, una causa que afectaba al PP madrileño. Poco después rebaja de cuatro millones a 200.000 euros la fianza del hermano de Ignacio González.
• Técnicamente puede tener explicación: tiempo en prisión, circunstancias personales, criterios cautelares, proporcionalidad. Perfecto.
• El problema es la apariencia. Estamos en una causa sobre una red de corrupción vinculada al PP madrileño, con sospechas sobre adjudicaciones, mordidas, comisiones y estructuras de poder. Y una de las primeras imágenes que recibe el ciudadano es la de una fianza reducida de forma espectacular a un familiar directo del expresidente investigado.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Mantener una posición especialmente prudente durante más tiempo, intensificar registros, comunicaciones, documentación societaria y rastreo patrimonial antes de suavizar medidas cautelares tan visibles.
• No hacía falta condenar a nadie de antemano. Bastaba con no inaugurar la nueva etapa mandando el mensaje de que la causa entraba en modo descompresión.

Púnica: Esperanza Aguirre no sabía nada, al parecer

Decisión polémica:

• En Púnica se investigó la presunta financiación irregular del PP de Madrid. García-Castellón llegó a imputar a Esperanza Aguirre, pero después archivó su causa porque no se acreditó que conociera la financiación irregular de campañas o el desvío de dinero público para promocionar su imagen.
• Formalmente impecable: si no hay prueba suficiente, archivo.
• El detalle simpático es que hablamos de Esperanza Aguirre, una dirigente que gobernaba el PP madrileño con una autoridad casi monárquica. La tesis resultante viene a ser que el PP de Madrid podía organizar campañas, adjudicaciones, reputación online y financiación irregular mientras su jefa política no se enteraba de nada.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• No creerse tan deprisa el “yo no sabía nada”. Agotar agendas, correos, teléfonos, testigos internos, proveedores, asesores de campaña, responsables de comunicación y circuitos de aprobación política.
• No para condenarla. Para poder decir: “hemos mirado hasta debajo de la alfombra antes de aceptar que la presidenta no sabía qué alfombra estaba pisando”.

Caso Dina: investigar a las víctimas, siempre una opción creativa

Decisión polémica:

• El caso Dina nace del robo del móvil de Dina Bousselham y de la aparición de su contenido en manos de Villarejo. Es decir, una pieza que, en principio, parecía ir de cloacas, robo de información y guerra sucia.
• Sin embargo, la investigación acabó girando hacia Pablo Iglesias. El Supremo rechazó imputarlo al no ver indicios suficientes.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Investigar primero a los malhechores antes que a las víctimas.
• Si un móvil robado acaba en el ecosistema de Villarejo, quizá el orden natural de las preguntas era:
• ¿quién robó el móvil?
• ¿quién movió la información?
• ¿quién la filtró?
• ¿quién la usó políticamente?
• ¿quién se benefició de su difusión?
• Y solo después, si sobraba tiempo y pruebas, ponerse creativo con la víctima política de la operación.

Podemos y la financiación venezolana: cuando la imaginación viaja mejor que las pruebas

Decisión polémica:

• García-Castellón impulsó investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos a partir de las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal. La Sala Penal acabó ordenando el archivo de una investigación calificada como prospectiva.
• En castellano no jurídico: ir a ver si se encuentra algo, a ver si suena la flauta, a ver si Venezuela, Podemos, Irán, Monedero y el chavismo terminan encajando en algún PowerPoint judicial.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Exigir indicios sólidos antes de abrir una investigación secreta de enorme impacto político contra un partido.
• La imaginación está muy bien para Netflix. Para instruir causas penales, mejor pruebas, competencia y límites.

Kitchen: los audios de Villarejo y la “libretita” de Bárcenas

Decisión polémica:

• En Kitchen, García-Castellón imputó a Cospedal y a su marido, pero después rechazó volver a imputarla pese a los nuevos audios de Villarejo sobre la “libretita” de Bárcenas y pese al criterio de Anticorrupción.
• El asunto tiene gracia procesal: si Kitchen trata de una operación parapolicial para robar o destruir pruebas sobre la caja B del PP, unos audios donde se habla de la libreta de Bárcenas, Cospedal, Villarejo y el entorno de Rajoy parecen, como mínimo, dignos de muchísimo cariño instructor.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Exprimir esos audios hasta el último segundo.
• Pedir transcripciones completas, cotejar fechas, cruzar llamadas, citar a quienes aparecían mencionados, reconstruir reuniones, agendas, intermediarios y consecuencias.
• No hacía falta mandar a nadie a galeras. Bastaba con actuar como si unos audios sobre la “libretita” de Bárcenas fueran relevantes en un caso sobre el robo de pruebas de Bárcenas.

Kitchen otra vez: no subir demasiado alto

Decisión polémica:

• La causa Kitchen terminó centrada sobre todo en Interior, policías y mandos concretos. La parte política superior quedó mucho más desdibujada. Rajoy, Cospedal, Sáenz de Santamaría o Arenas han acabado desfilando como testigos, no como acusados.
• Trece años después de los hechos, el país escucha “no lo sé”, “no me consta”, “no recuerdo” y “no tenía conocimiento”.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Tratar Kitchen como lo que aparentemente era: una operación de Estado para proteger a un partido del Gobierno.
• Eso exigía reconstruir no solo quién pagó al chófer de Bárcenas o quién habló con Villarejo, sino quién tenía interés político en destruir o recuperar esos papeles, quién se beneficiaba de la operación y quién estaba en condiciones de ordenar, conocer o consentir aquello.
• La pregunta no era solo “qué hizo la policía”. Era también “para quién trabajaba la policía”.

Tsunami Democràtic: terrorismo primero, plazos después

Decisión polémica:

• En Tsunami Democràtic, García-Castellón dirigió la causa hacia el terrorismo y señaló a Puigdemont y otros investigados. Después la Audiencia Nacional anuló la prórroga de la instrucción por estar fuera de plazo y la causa acabó archivada.
• Aquí el resumen es precioso: terrorismo sí, pero plazo procesal no.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Esperar a que Puigdemont cometiera algo razonablemente parecido a terrorismo antes de tratarlo como terrorismo.
• Y, ya puestos, cumplir los plazos procesales. Es una manía muy formalista, pero los plazos legales tienen esa costumbre molesta de llamarse legales.

Jubilación y demanda por honor: no me llames prevaricador

Decisión polémica:

• Ya jubilado, García-Castellón demandó a Ione Belarra por llamarle “corrupto” y “prevaricador”. También ha defendido que quien crea que un juez prevarica debe denunciarlo.
• Correcto. Un juez tiene derecho al honor. Incluso un juez cuyas decisiones han provocado sospechas políticas durante años.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Aceptar que en democracia la crítica a los jueces existe, especialmente cuando han instruido causas de enorme impacto político.
• Una cosa es proteger el honor. Otra, convertir cualquier crítica dura a la actuación judicial en sacrilegio institucional.

Conclusión

• No hace falta decir que García-Castellón prevaricó. No hace falta llamarle corrupto. No hace falta afirmar que cometió delito alguno.
• Basta con mirar la secuencia.
• Con Lezo y Púnica, prudencia hacia arriba.
• Con Kitchen, límites para subir demasiado.
• Con Dina y Podemos, creatividad expansiva.
• Con Tsunami, terrorismo hasta que los plazos dijeron basta.

El problema no es que todas esas decisiones sean necesariamente ilegales. El problema es que, vistas juntas, obligan a una pregunta muy sencilla:

¿Qué habría pasado si García-Castellón hubiera aplicado siempre la misma intensidad investigadora, el mismo escepticismo y la misma prudencia, afectara el caso al PP, a Podemos o al independentismo?

Porque algunos jueces no necesitan ser prevaricadores para que sus decisiones parezcan escritas por un guionista con demasiada militancia ambiental.

No le llamaré prevaricador.

Le llamaré juez.

Y en España, a veces, eso ya dice bastante.

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El Caso Kitchen y otros grandes éxitos de la «jueza» Teresa Palacios

La dilatada —y polémica— carrera de esta gran artista de la justicia

#teahorrounprompt

Ante la incredulidad de muchos meneantes que entraron a ver la declaración de Rajoy pensando que aquello iba a ser una versión judicial de No te rías que es peor y descubrieron que en España existe la figura retórica del juez defensor, he creado un prompt que lo explica bastante bien:

Actúa como un cronista judicial con memoria. Elabora una cronología de las decisiones más polémicas de Teresa Palacios Criado en causas relacionadas con grandes escándalos políticos, económicos o institucionales. No expreses opinión: limita cada entrada a fecha, cargo, caso, decisión adoptada, personas o instituciones beneficiadas políticamente por el cierre o acotación de la causa, y evolución posterior de su carrera judicial. Distingue hechos probados, críticas de acusaciones y resoluciones confirmadas por instancias superiores.

Y el resultado, ordenado cronológicamente, es este.

1996: llegada a la Audiencia Nacional

Teresa Palacios llegó al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a finales de 1996. En aquel momento se destacó que era la primera mujer al frente de un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional y que pertenecía a la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera judicial.

2001-2004: Gescartera

Cargo: jueza instructora del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Caso: Gescartera, escándalo financiero con dinero desaparecido, fallos de supervisión y derivadas políticas durante la etapa de José María Aznar.

Actuación polémica: Palacios cerró la instrucción del caso. Varias acusaciones particulares pidieron que se siguiera investigando. ADICAE recurrió el cierre al considerar que la investigación estaba incompleta y que se había vulnerado la tutela judicial efectiva de los afectados.

Punto sensible: la jueza denegó que declararan como imputados varios ex altos cargos de la CNMV, entre ellos Pilar Valiente, Luis Ramallo y otros responsables del supervisor. ADICAE sostenía que podía existir complicidad por omisión al no perseguirse adecuadamente las irregularidades.

2003-2005: Yak-42

Cargo: jueza instructora del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Caso: accidente del Yak-42, con 62 militares españoles fallecidos durante el Gobierno de Aznar, siendo Federico Trillo ministro de Defensa.

Actuación polémica: Palacios archivó inicialmente la denuncia de las familias para investigar posibles negligencias en el accidente, al considerar que la Audiencia Nacional no era competente y que el recurso se había presentado fuera de plazo.

Evolución posterior: la causa continuó por la vía de las identificaciones erróneas de cadáveres, pero las responsabilidades políticas de alto nivel quedaron fuera del foco penal principal.

2004-2006: 11-M y Leganés

Cargo: jueza central de instrucción.

Caso: derivadas del 11-M, especialmente la causa sobre el suicidio de los presuntos autores en Leganés.

Actuación polémica: Palacios mantuvo una disputa competencial con el juez Juan del Olmo, instructor principal del 11-M, al negarse inicialmente a remitirle la causa de Leganés.

Otra actuación discutida: en 2006 dejó en libertad con medidas cautelares a Saed El Harrak, procesado del 11-M, porque había cumplido dos años de prisión provisional sin que se hubiera prorrogado formalmente esa situación.

2006: salto a la Sala de lo Penal

Cargo posterior: magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En 2006, el CGPJ la nombró magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es decir: después de años instruyendo causas sensibles, pasó del juzgado instructor a una de las salas penales más relevantes del país.

2017: Cassandra Vera

Cargo: magistrada de la Sala de lo Penal.

Caso: condena a Cassandra Vera por chistes sobre Carrero Blanco.

Actuación polémica: la Audiencia Nacional condenó a Cassandra Vera a un año de prisión por sus tuits sobre Carrero Blanco. Después, el Tribunal Supremo la absolvió.

Punto relevante: no es un caso de corrupción del PP, pero sí forma parte de su historial de sentencias polémicas en materia de libertad de expresión y severidad penal.

2020: Bankia

Cargo: magistrada de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

Caso: salida a Bolsa de Bankia.

Actuación polémica: la Audiencia Nacional absolvió a los 34 acusados, incluido Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar y exdirector gerente del FMI. Los acusados se enfrentaban a delitos de estafa a inversores y falsedad contable.

Punto sensible: la sentencia sostuvo que la salida a Bolsa había contado con aprobación de supervisores y que las acusaciones no habían concretado suficientemente las conductas delictivas individuales. Políticamente, el resultado fue que uno de los grandes símbolos de la crisis financiera terminó sin condenas penales en esa pieza.

2025: presidencia de la Sección Cuarta

Cargo posterior: presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El BOE recoge que María Teresa Palacios Criado, hasta entonces magistrada en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pasó a desempeñar la plaza de presidenta de la Sección Cuarta. No es el Tribunal Supremo, pero sí una posición clave dentro de la Audiencia Nacional.

2026: Caso Kitchen

Cargo: presidenta del tribunal del caso Kitchen.

Caso: presunta operación parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación vinculada al caso Gürtel y a la financiación irregular del PP.

Actuación polémica: durante la declaración de Mariano Rajoy, Palacios acotó el interrogatorio para evitar que se entrara en la caja B del PP. Según El País, la magistrada limitó las preguntas de la acusación para ceñirlas a la operación Kitchen y no a la contabilidad B del partido.

Punto sensible: Kitchen se juzga precisamente como una operación destinada a sustraer material comprometedor a Bárcenas relacionado con Gürtel y la financiación del PP. Es decir: el tribunal permite hablar del robo de los papeles, pero pone límites cuando se pregunta por el contenido político de esos papeles.

Resumen para meneantes con poco tiempo

Su carrera permite trazar una cronología bastante llamativa: Gescartera, Yak-42, 11-M, Bankia y ahora Kitchen. Grandes causas, grandes nombres, grandes instituciones y, con frecuencia, decisiones criticadas por cerrar, acotar o limitar vías que podían subir demasiado alto.

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