Uno de los extremos más extraordinariamente injustos de la actual reforma laboral se encuentra en la fijación de las causas que permiten al empresario bajar los sueldos a su plantilla o despedir trabajadores con indemnizaciones ridículas. Destacan las causas económicas, con base en las cuales un empresario puede descolgarse del convenio colectivo del sector y pagar a los trabajadores sólo el SMI siempre que 1) su empresa tenga pérdidas en 2 trimestres consecutivos o 2) aunque no tenga pérdidas, el nivel de sus ingresos o ventas en 2 trimestres consecutivos sea inferior al que obtuvo en los trimestres correlativos del año anterior.

Habéis leído bien: yo puedo tener una empresa en un sector de producción cuyo convenio colectivo obliga a que pague a mis trabajadores 1500 euros. Solamente con que en los dos primeros trimestres de 2018 obtuviese 600.000 y 700.000 de ingresos, y en los dos correlativos de 2019 haya obtenido 500.000 y 600.000, puedo pagar a mi plantilla 900 euros al mes y dejarles privados de los beneficios de ese convenio.

Esto provoca que cuando hay que negociar descuelgues de convenio, los abogados laboralistas estemos bastante indefensos, pues con que el empresario nos muestre su contabilidad (a no ser que sepamos que es irregular) nos quedamos sin argumentos legales. Y es entonces cuando toca recurrir a las armas de la movilización, diciéndole que él puede descolgarse del convenio, pero sus trabajadores pueden montarle una huelga indefinida que le haga perder mucho más dinero que el que podría ahorrar con el recorte. El problema está en que se ha perdido la costumbre de hacerlas, al menos en bastante medida.

Nos han inculcado el dogma de que 1) tú votas 2) tu representante decide 3) lo que él decida es sagrado y 4) si no te gusta te esperas 4 años y cambias tu voto, pero mientras debes obedecer aunque sus políticas te dejen en la calle. Y ese dogma se ha radicalizado hasta el punto de criminalizar derechos que están en la propia Constitución, como la huelga o la manifestación. Algunas veces he escuchado decir a empresarios que convocar una huelga por una bajada salarial era una atrocidad porque la ley les amparaba para imponerla, obviando que a los trabajadores les ampara la Constitución para montar la huelga.

Es decir, se nos ha inculcado que la huelga y la manifestación son cosas que, si se usan, deben quedar reducidas a un simbólico derecho al pataleo, ocupando las calles o parando las fábricas durante unas cuantas horas para luego irnos a nuestras casas y que todo siga igual. Intentar emplearlas de forma indefinida (en plan "mantenemos la huelga o seguimos saliendo a las calles indefinidamente hasta que se deroguen las medidas injustas") es una especie de terrorismo antisistema. Pero no es así. Ambos derechos se concibieron como armas de los ciudadanos para proteger sus derechos cuando la autoridad los viola, y es obvio que con una manifestación simbólica o una huelga de un día eso no se logra.

Estamos viendo como ese dogma se rompe en diversos países, como por ejemplo Chile. Hoy me he quedado de piedra con estas imágenes

El Gobierno sacó a los militares a las calles, que dispararon contra la población matando a jóvenes de tiros en la cabeza y recordando el terror de Pinochet. Pero la gente respondió con una movilización masiva que ningún tanque puede detener. No sé si lograrán la caída del Gobierno, pero como mínimo van a lograr la implantación de reformas sociales importantes. Porque han perdido el miedo. Más de una vez les he dicho a los abogados de empresa con los que negocio, que para determinar hasta dónde puede estar dispuesta a pelear una persona hay que valorar lo esencial que es para ella aquello que se está jugando, y el riesgo que implica su lucha. Si aquello por lo que pelea es tan vital como su techo o el pan de su familia, lo previsible es que luche hasta el final, sobre todo si hay más personas en su situación y están en contacto. Porque solos somos mucho más cobardes que juntos, siendo éste el motivo por el que los poderes fácticos intentan aislarnos.

Los representantes políticos que surgen de unas elecciones tienen derecho a legislar sobre muchas cosas, igual que un empresario tiene un amplio poder sobre su negocio. Pero no tienen derecho a imponer salarios con los que es imposible vivir dignamente, ni negar a los ciudadanos servicios que entroncan con el núcleo esencial de los Derechos Humanos, ni acaparar la riqueza del país y transmitirla de padres a hijos impidiendo que sirva al interés general dando oportunidades a todos (lo cual no implica eliminar la propiedad privada, pero sí establecer un sistema fiscal que redistribuya la riqueza al nivel de los países europeos más avanzados).

Una vez le dije a un empresario que la maniobra maestra de su gremio (y de los políticos que lo sostienen) estaría en imponer un salario mínimo de 1200 euros. Con eso seguirían teniendo beneficios más que notables y desactivarían en grandísima medida cualquier lucha social. Porque nadie se juega el tipo por tener un Iphone de última generación, pero sí por llegar a fin de mes.

En resumen, si somos 10 y 9 deciden que yo voy a ser su esclavo, esa decisión no me vincula porque destruye mi dignidad, que es la propiedad más esencial de todo individuo. Por eso, cuando nos tocan gobiernos que toman decisiones de esa índole, hay que desenterrar los viejos derechos de huelga y manifestación y usarlos masivamente hasta lograr que se respete a todo el mundo. Al usarlos nos amparan la Constitución y la justicia más elemental. Igual que en Chile y en tantos otros lugares donde la gente está despertando.