Una de las principales promesas manifestadas por el PSOE antes de formar el actual gobierno de fue la derogación de la LOMCE. Es de suponer que esta intención fue una de las principales razones de otros partidos para brindar su apoyo a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa pues, desde su aprobación, esta ley ha motivado muchas y variadas protestas tanto de la comunidad educativa, que fue totalmente ignorada para su elaboración, como de gran parte de la sociedad.
Recordemos que la llamada ley Wert fue aprobada por el Partido Popular en el año 2013 con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, un hecho inaudito si se piensa que, en el tema de la Educación, los políticos siempre han apelado a un necesario pacto estatal para zanjar de una vez por todas el debate social sobre este fundamental asunto. Y ello después de que el anterior gobierno del PSOE, con Zapatero de presidente del gobierno y Ángel Gabilondo como ministro de Educación, promoviera un pacto por la educación del que se descolgó a última hora el Partido Popular, del que entonces era responsable de Educación María Dolores de Cospedal, ya defenestrada de la política por sus recientemente conocidos vínculos con las llamadas cloacas del estado.
Parece ser que el gobierno ya ha dado los primeros pasos hacia esa derogación publicando en su página web, para su consulta pública, un documento en el que concreta los principales puntos de la futura reforma de la LOMCE. Hay muchos temas de extraordinaria trascendencia en esa reforma (reválidas, itinerarios, competencias del centro, …) pero pretendía ocuparme ahora de la asignatura de Religión.
El documento publicado por el gobierno señala que se debe regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede. Es decir, que la intención del gobierno es volver a la situación existente justo antes de la aprobación de la ley Wert aprobada gracias, en ese momento, a la mayoría absoluta del PP.
Esto constituye una buena noticia, al menos para los que piensan que la actual asignatura de religión, cuyo temario y profesorado está controlado únicamente por los obispos de las correspondientes diócesis, no es sino una catequesis pensada para adoctrinar a mentes infantiles incapaces de distinguir conocimiento de adoctrinamiento. Un proselitismo religioso al que resulta cuando menos insólito oponer como alternativa obligatoria una asignatura cuyos contenidos, de ser realmente importantes, deberían ser impartidos a todos los estudiantes y no sólo a los que no quieren asistir a esa clase de religión catequizadora.
Sin embargo, recordemos que la existencia misma de la asignatura de Religión viene impuesta en nuestro sistema educativo por los Acuerdos entre el Estado Español y el Estado Vaticano aprobados en 1979 y que modificaron en algunos puntos al anterior Concordato de 1953 firmado entre la Dictadura franquista y el estado del Vaticano, constituyendo para el régimen dictatorial franquista un primer reconocimiento internacional del que estaba necesitado tras el aislamiento que sufría el régimen franquista tras su anterior relación con el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán derrotados en la Segunda Guerra Mundial (El propio estado del Vaticano había surgido tras los acuerdos de Letrán entre el régimen fascista italiano y el Papa Pío IX).
Estos acuerdos de 1979 habían sido negociados de forma subrepticia tras la muerte de Franco por las autoridades del estado aún franquista, lo cual era una evidente imposición para permitir una transición hacia una estructura democrática del estado. La idea era evidente, se trataba de que la iglesia católica conservara gran parte de los privilegios obtenidos durante los 40 años anteriores de colaboración con el régimen dictatorial franquista. Fueron aprobados solo cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, permitiendo así la permanencia de esos privilegios, y dejando claro su origen predemocrático.
Y precisamente uno de esos privilegios es la obligatoriedad de una asignatura de religión en los niveles de enseñanza preescolar (!!), primaria y secundaria reservándose para los obispos la elección de los profesores, la elaboración del temario a impartir. Curiosamente, e incurriendo en una evidente e inaudita contradicción, los acuerdos especifican que la religión se impartirá en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Un somero repaso a la situación de la asignatura de catequesis católica durante los últimos 40 años permite ver claramente la alternancia entre dos situaciones: la existencia o no de una asignatura alternativa para los alumnos que rechazan asistir a las clases de adoctrinamiento religioso.
Durante los gobiernos de derechas (UCD y PP) las leyes educativas establecían siempre una asignatura obligatoria, con distintas variantes, situación revertida hasta en dos ocasiones por gobiernos del PSOE. En una primera etapa, el gobierno de UCD estableció en la Ley de Educación de 1970 una asignatura de Ética impartida por los profesores de Filosofía o de Geografía e Historia y tanto religión como Ética tenían plena validez académica.
En 1982, el PSOE gana las elecciones generales y el gobierno de Felipe González elimina la Ética como alternativa, estableciendo en su lugar actividades de estudio y, simultáneamente, suprimiendo la validez académica de la religión. La llegada al poder del PP de José María Aznar propició la aprobación de la LOCE, en la que se recuperaba la alternativa y se volvía a dar plena validez académica a la catequesis religiosa, satisfaciendo así las exigencia de los obispos. Sin embargo, la victoria del PSOE en 2004 truncó su aplicación. En 2006, la religión dejó de contar para becas y para acceder a la universidad. Parece que al gobierno de Zapatero le tembló algo la mano, pues contaba para repetir curso y se intentó establecer un alternativa de historia de las religiones.
Finalmente, llega la ley Wert y la situación actual que ya hemos comentado. Una ley cuyo objetivo básico, adornado con otras medidas también fuertemente discutidas, era precisamente obedecer de nuevo a las exigencias de la conferencia episcopal y revertir el descalabro de la catequesis en la enseñanza, propiciado por la inexorable secularización de la sociedad española.
Es hora ya de dar un paso definitivo hacia una escuela realmente laica. El PSOE ha prometido en estos últimos años la revisión o derogación de los acuerdos con el Vaticano, que son esgrimidos continuamente por los obispos y la derecha, en su condición de acuerdos internacionales, para justificar la existencia de la catequesis en la enseñanza y de otra asignatura obligatoria alternativa. Pero si realmente los contenidos de esa asignatura son fundamentales, es absurdo excluir de ella a los alumnos que cursan las clases de adoctrinamiento religioso. La evolución de la sociedad española, particularmente de los más jóvenes, deja claro que ya ha llegado el momento de sacudirse los restos nacionalcatólicos de la anterior dictadura franquista. Denuncien los acuerdos predemocráticos con la iglesia y establezcan de una vez por todas una enseñanza pública laica acorde con los tiempos actuales.