Una cosa es predicar, y otra dar trigo

El actual gobierno del PSOE tiene la intención de modificar parcialmente (no derogar) la LOMCE del anterior gobierno de Mariano Rajoy, aprobada en solitario por el PP (con el ministro Wert al frente de Educación) frente a prácticamente toda la oposición parlamentaria. Eso parece que acarreará evidentes medidas positivas como que la religión deje de contar para la nota media del bachillerato, que se imparta una necesaria asignatura de valores a todos los alumnos (como la anterior asignatura de Ciudadanía), y que la segregación por sexos deje de estar subvencionada. Todas ellas medidas positivas para avanzar hacia la tan necesaria laicidad de la enseñanza pública en España.

Sin embargo, todo ello no es sino volver a la situación que teníamos en España en el año 1982 (¡hace ya 36 años !) tras la victoria del PSOE de Felipe González. Se derogó entonces la anterior ley de Educación, eliminando el valor académico de la Religión y suprimiendo su alternativa obligatoria, la asignatura de Ética.

¿Deberíamos estar contentos con esta vuelta a la mejor de las situaciones pasadas (contando desde el fin de la segunda República)? Para responder, basta repasar el programa con el que accedió Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, en el que puede leerse: es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede. Es evidente que esta declaración debió contar para obtener los apoyos que permitieron, en contra de todos los pronósticos, echar del gobierno del país a Mariano Rajoy.

Pero, como bien saben toda la clerigalla: una cosa es predicar, y otra dar trigo. Las promesas para avanzar realmente hacia el laicismo de la enseñanza, y de todo el Estado, suelen quedar olvidadas fácilmente por el PSOE al llegar al gobierno.

La denuncia de los preconstitucionales acuerdos con la Santa Sede (y los subsiguientes con otras confesiones religiosas) es un paso ineludible para eliminar el adoctrinamiento religioso en el sistema educativo. Mientras que un miniestado religioso, surgido tras un nefando acuerdo con el fascismo y primer sostén de la anterior dictadura franquista, tenga la prerrogativa de introducir su doctrina en nuestras escuelas públicas en condiciones equiparables a otras asignaturas fundamentales (!!), la laicidad de la enseñanza será una quimera.

Deberían seguir a ese primer paso la aprobación de una Ley de Educación que implante una verdadera escuela pública laica, en la que se haya eliminado el adoctrinamiento de los alumnos en las escuelas, primándola siempre frente a la enseñanza concertada con centros de ideario religioso, cuya financiación pública debe desaparecer paulatinamente.