EDICIóN GENERAL

Vuelve el fantasma de las patentes de software a España

Ley de patentes española estaba acorde a la decisión de la Unión Europea de no permitir las patentes de software sin embargo esta nueva redacción se aproxima a las directrices de la Oficina Europea de Patentes (EPO), una organización extracomunitaria y no "oficial", que trata de extender la patentabilidad a todos los campos por claros motivos económicos, puesto cuanto más cosas se puedan patentar, más dinero para ellos. Evidentemente a la Oficina de Patentes poco le importa las graves consecuencias de la patentabilidad de ciertas cosas.

El término "como tal" se inventó hace 10 años por dicha Oficina para meter de tapadillo excepciones a la no patentabilidad de muchas cosas. De hecho es lo que intentó, sin éxito, con la Directiva de Patentes Europea. Sin embargo las oficinas de patentes nacionales funcionan muy bien como grupos de presión y parece que lo están logrando en España con bastante éxito.

De hecho, la Oficina de Patentes Europea, como organismo "no oficial" que no se encuentra bajo el control del Parlamento Europeo, a pesar de lo que dice la Directiva Europea de Patentes, acepta patentes sobre asuntos que no son objeto de patentabilidad y se estima que en este momento tiene registradas más de 100.000 patentes de software, que quedarían activadas en España, si se aprueba la actual redacción contenida en el Proyecto de Ley. La aparición de 100.000 patentes desconocidas para los desarrolladores puede ser devastador para las empresas de software españolas y para el Software Libre, ya que pueden quedar bloqueados los proyectos y sufrir el acoso, incluso judicial, por parte de los titulares de las patentes.

Al igual que hemos visto con otras leyes aprobadas en los últimos años, el legislador parece que vuelve a estar dispuesto a legislar a favor de los poderosos grupos de presión y en contra de los intereses de la ciudadanía en general.

Luego nos sorprendemos de los daños colaterales de este tipo de legislaciones, como por ejemplo la ausencia, escasez o el coste de medicamentos, o los problemas de competitividad de las empresas nacionales, pero lo cierto es que ese tipo de cosas no ocurrirían si la legislación que lo provoca no se aprobase nunca y el legislador tuviera bien claras las consecuencias de lo que quiere aprobar y asumiese que su obligación es la de defender el interés general.

menéame