#19 La Ley General Tributaria en España establece el marco legal para la gestión, inspección, recaudación y revisión de los tributos. También regula las infracciones y sanciones en materia fiscal, así como los delitos contra la Hacienda Pública. En el texto se detalla el procedimiento seguido por la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con una denuncia por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
Según lo descrito, la Fiscalía ha actuado de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para la investigación y persecución de delitos económicos. La apertura de diligencias de investigación penal, la interposición de una denuncia ante el juzgado competente, y la comunicación con la defensa del acusado son pasos habituales en el proceso penal.
El hecho de que el letrado defensor de Alberto González Amador haya contactado con la Fiscalía para proponer un reconocimiento de los hechos y una conformidad con una sanción penal es una práctica legal que busca agilizar los procedimientos judiciales y que está contemplada dentro del marco legal español, siempre y cuando se respeten los derechos del acusado y se sigan los procedimientos correspondientes.
No hay elementos en el texto proporcionado que indiquen que la Fiscalía haya vulnerado la Ley General Tributaria. La fiscalía ha seguido los trámites correspondientes al recibir la denuncia, investigar los hechos, comunicarse con la defensa y proceder con la denuncia formal ante el juzgado. Todo ello parece estar dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Fiscalía en el marco del proceso penal español.
Para una afirmación categórica sobre la vulneración o no de la ley, sería necesario un análisis más profundo de todos los documentos y hechos del caso, además de la interpretación legal aplicable por parte de los tribunales competentes.
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