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Tras meses de intensos debates, la comunidad gamer en México ha recibido una noticia inesperada para cerrar el año. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó oficialmente que el Gobierno Federal retirará el plan de aplicar un impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento, cuya implementación estaba prevista para 2026.
La mandataria fue contundente al explicar que el núcleo de la cancelación radica en la inviabilidad técnica. Según Sheinbaum, no existe una métrica justa ni un estándar legal claro para determinar qué títulos cruzan la línea de la violencia. "¿Quién tendría la facultad de decidirlo y bajo qué criterios?", cuestionó la presidenta, reconociendo que aplicar esta normativa generaría una incertidumbre jurídica y administrativa insostenible para el fisco.
Este giro es especialmente relevante si observamos el panorama actual del mercado. En México, el consumo de juegos móviles es el motor de la industria; títulos como Free Fire o Call of Duty: Mobile lideran sistemáticamente los rankings de descargas y recaudación. Un impuesto mal definido no solo afectaría a las consolas, sino que golpearía directamente al segmento móvil, donde la línea entre la acción y la violencia es a menudo difusa para los reguladores.
Originalmente, la Secretaría de Hacienda (SHCP) buscaba incluir estos juegos en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), una tasa que en México se aplica a productos nocivos como el tabaco o el alcohol. La propuesta pretendía recaudar unos 183 millones de pesos anuales, afectando a grandes franquicias como GTA, Mortal Kombat y servicios de suscripción como Xbox Game Pass o PlayStation Plus.
Sin embargo, el gobierno ha entendido que la vigilancia de miles de contenidos digitales en constante actualización sería una "pesadilla administrativa". Especialmente en los "juegos como servicio", donde una actualización puede cambiar drásticamente el contenido de un día para otro.
Pese a la cancelación del impuesto, la postura de Sheinbaum sobre la salud mental de los jóvenes se mantiene firme. "En lugar de imponer una carga fiscal, lanzaremos campañas nacionales de concienciación", explicó. El objetivo es fomentar una cultura de paz y alertar sobre los riesgos de adicción y comportamientos violentos mediante la educación, no mediante el castigo económico.
Aunque el anuncio es oficial, el proceso jurídico sigue en marcha. El líder del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que, dado que el impuesto ya formaba parte de una reforma aprobada, el Ejecutivo deberá emitir un decreto de exención del 100% o tramitar una nueva modificación legal para derogar formalmente el artículo.
Sea cual sea el trámite, los jugadores mexicanos pueden respirar tranquilos: en 2026, comprar el próximo Resident Evil no les costará un 8% más.
