Para conseguir que la actividad informativa no malogre parte de los ingresos, los propietarios de periódicos y emisoras evitan que las noticias y opiniones difundidas causen daños a los clientes que ellos consideran económicamente más importantes: los anunciantes (¿?), y a mayores también evitan que sus medios pongan en riesgo los favores que la empresa recibe o quiere recibir del poder político.