Bruselas quiere establecer unas normas mínimas comunes para la protección de las personas en la UE que revelen infracciones dentro de su empresa u organización. Las reglas se aplicarán no sólo a los empleados, sino también a los becarios y voluntarios no remunerados. La Comisión Europea quiere proteger a los denunciantes en toda la UE que han hecho revelaciones públicas como Lux Leaks o Panama Papers. (Traducción en comentario)
Bruselas quiere establecer unas normas mínimas comunes para la protección de las personas en la UE que revelen infracciones dentro de su empresa u organización. Las reglas se aplicarán no sólo a los empleados, sino también a los becarios y voluntarios no remunerados.
La Comisión Europea quiere proteger a los denunciantes en toda la UE que han hecho revelaciones públicas como Lux Leaks o Panama Papers. "En el proyecto de ley presentado al Süddeutsche Zeitung se dice: "Los denunciantes ayudan a descubrir amenazas o daños al interés público". Muchos delatores de irregularidades, sin embargo, "a menudo se les impide expresar sus preocupaciones por miedo a represalias.
Por ello, la Comisión quiere dejar claro en su presentación del miércoles cómo se puede garantizar a los informantes de la UE una mayor seguridad contra las represalias. La Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas comunes para la protección de las personas en la UE que revelen infracciones dentro de su empresa u organización.
Tal como solicitó el Parlamento Europeo, la Comisión ha intentado definir el término "denunciante" de la forma más amplia posible. El objetivo es proteger no sólo a los empleados de los sectores público y privado, sino también a los aprendices y voluntarios no remunerados. La propuesta se aplica también a los trabajadores autónomos. Los países de la UE deberían garantizar que se establezcan en las empresas "canales y procedimientos internos para la presentación de informes y su seguimiento", en su caso previa consulta a los interlocutores sociales. Según un estudio de la Comisión, el daño financiero causado por la falta de protección de los denunciantes de irregularidades en la contratación pública se sitúa entre 5.800 y 9.600 millones de euros al año en toda la UE.
El portavoz de finanzas de los Verdes en el Parlamento Europeo, Sven Giegold, considera la propuesta de la Comisión como "un gran avance para la protección de los denunciantes en Europa". Sin embargo, todavía se necesitan algunas mejoras para garantizar que los informantes estén realmente protegidos por el interés público en todas las circunstancias. Por ejemplo, parece que las violaciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no están cubiertas. Otro punto de crítica de los Verdes: la propuesta de la Comisión sólo cubre los impuestos de sociedades; los informantes que informan, por ejemplo, sobre la evasión fiscal de personas ricas individuales no se ven afectados por la Directiva. Además, para los Verdes, el derecho al apoyo jurídico y psicológico de los denunciantes no es suficiente. También piden un fondo de la UE para compensar a los denunciantes por las pérdidas financieras. Esto podría financiarse mediante el cobro de multas en los Estados miembros.
Una mayoría de diputados al Parlamento Europeo votó en otoño a favor de que la Comisión presentara una propuesta legislativa a tal efecto. "Los denunciantes de irregularidades desempeñan un papel importante en nuestra sociedad", dijo la ponente socialista Virginie Rozière. "Demasiado a menudo arriesgan su trabajo, su libertad y a veces hasta su vida."
Según la Comisión de la UE, la protección de los denunciantes está regulada de forma diferente en los Estados miembros. Por ejemplo, el denunciante de irregularidades Antoine Deltour fue multado en Luxemburgo. El antiguo empleado de la consultora Pricewaterhouse-Coopers, junto con su antiguo colega Raphaël Halet, había hecho público el escándalo de Lux Leaks. En su anterior empleador, los dos encontraron documentos que demostraban cómo las corporaciones evitan miles de millones en impuestos. Esto se hizo con la ayuda de la autoridad fiscal luxemburguesa, que legitimaba con su sello las construcciones fiscales controvertidas.
Por lo que se refiere a la situación jurídica en Alemania, la Comisión de la UE, a diferencia del proyecto de ley del Gobierno federal sobre la aplicación de la Directiva relativa a los secretos comerciales de los denunciantes de irregularidades, quiere proteger a los denunciantes de irregularidades independientemente de si su intención es exclusivamente de interés público. "Afortunadamente, la Comisión no está buscando una prueba de opinión", dijo el eurodiputado Giegold.
Comentarios
Esto afectará a los europeos... no a los europedos.
Traducción:
Bruselas quiere establecer unas normas mínimas comunes para la protección de las personas en la UE que revelen infracciones dentro de su empresa u organización. Las reglas se aplicarán no sólo a los empleados, sino también a los becarios y voluntarios no remunerados.
La Comisión Europea quiere proteger a los denunciantes en toda la UE que han hecho revelaciones públicas como Lux Leaks o Panama Papers. "En el proyecto de ley presentado al Süddeutsche Zeitung se dice: "Los denunciantes ayudan a descubrir amenazas o daños al interés público". Muchos delatores de irregularidades, sin embargo, "a menudo se les impide expresar sus preocupaciones por miedo a represalias.
Por ello, la Comisión quiere dejar claro en su presentación del miércoles cómo se puede garantizar a los informantes de la UE una mayor seguridad contra las represalias. La Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas comunes para la protección de las personas en la UE que revelen infracciones dentro de su empresa u organización.
Tal como solicitó el Parlamento Europeo, la Comisión ha intentado definir el término "denunciante" de la forma más amplia posible. El objetivo es proteger no sólo a los empleados de los sectores público y privado, sino también a los aprendices y voluntarios no remunerados. La propuesta se aplica también a los trabajadores autónomos. Los países de la UE deberían garantizar que se establezcan en las empresas "canales y procedimientos internos para la presentación de informes y su seguimiento", en su caso previa consulta a los interlocutores sociales. Según un estudio de la Comisión, el daño financiero causado por la falta de protección de los denunciantes de irregularidades en la contratación pública se sitúa entre 5.800 y 9.600 millones de euros al año en toda la UE.
El portavoz de finanzas de los Verdes en el Parlamento Europeo, Sven Giegold, considera la propuesta de la Comisión como "un gran avance para la protección de los denunciantes en Europa". Sin embargo, todavía se necesitan algunas mejoras para garantizar que los informantes estén realmente protegidos por el interés público en todas las circunstancias. Por ejemplo, parece que las violaciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no están cubiertas. Otro punto de crítica de los Verdes: la propuesta de la Comisión sólo cubre los impuestos de sociedades; los informantes que informan, por ejemplo, sobre la evasión fiscal de personas ricas individuales no se ven afectados por la Directiva. Además, para los Verdes, el derecho al apoyo jurídico y psicológico de los denunciantes no es suficiente. También piden un fondo de la UE para compensar a los denunciantes por las pérdidas financieras. Esto podría financiarse mediante el cobro de multas en los Estados miembros.
Una mayoría de diputados al Parlamento Europeo votó en otoño a favor de que la Comisión presentara una propuesta legislativa a tal efecto. "Los denunciantes de irregularidades desempeñan un papel importante en nuestra sociedad", dijo la ponente socialista Virginie Rozière. "Demasiado a menudo arriesgan su trabajo, su libertad y a veces hasta su vida."
Según la Comisión de la UE, la protección de los denunciantes está regulada de forma diferente en los Estados miembros. Por ejemplo, el denunciante de irregularidades Antoine Deltour fue multado en Luxemburgo. El antiguo empleado de la consultora Pricewaterhouse-Coopers, junto con su antiguo colega Raphaël Halet, había hecho público el escándalo de Lux Leaks. En su anterior empleador, los dos encontraron documentos que demostraban cómo las corporaciones evitan miles de millones en impuestos. Esto se hizo con la ayuda de la autoridad fiscal luxemburguesa, que legitimaba con su sello las construcciones fiscales controvertidas.
Por lo que se refiere a la situación jurídica en Alemania, la Comisión de la UE, a diferencia del proyecto de ley del Gobierno federal sobre la aplicación de la Directiva relativa a los secretos comerciales de los denunciantes de irregularidades, quiere proteger a los denunciantes de irregularidades independientemente de si su intención es exclusivamente de interés público. "Afortunadamente, la Comisión no está buscando una prueba de opinión", dijo el eurodiputado Giegold.