Daniel Alberto Rivera, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía e imputado en la indagación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar en la nueva ronda de comparecencias promovida por la juez Mercedes Alaya por las ayudas a Altadis y A Novo Comlink, aunque ha entregado un escrito en el que achaca a la juez Mercedes Alaya "omisiones y ocultaciones" de documentos
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