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El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia que consideraba ilegal la facturación de la mayor parte de los servicios que se ofrecían a través del prefijo 906 y obligaba a las operadoras que prestaban dichos servicios a devolver los importes de las llamadas a sus clientes, según ha informado hoy la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que denunció los hechos en 2001.
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