Una comisión judicial acudió al edificio consistorial para rastrear varios departamentos municipales con el fin de incautarse de numerosos documentos sobre la construcción de las dos rotondas ubicadas en el principal acceso a la ciudad que el anterior gobierno del PP adjudicó en 2009 al promotor alicantino Enrique Ortiz y que, según una denuncia, el empresario ya había cobrado con anterioridad a pesar de no haberlas ejecutado.
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