Cuando se presentaba en las Cortes el proyecto de modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se hablaba mucho sobre la prohibición a las empresas de establecer líneas telefónicas de contacto para sus clientes con un coste superior a lo que podían cobrar por unas llamadas locales. Por lo que todos pensábamos que pronto desaparecerán los famosos 902 o por lo menos que no nos supondrán un adicional desembolso.
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