La juez Rosa María García Jover, titular del Juzgado de Instrucción número tres de Cádiz, intensifica su investigación sobre el papel que el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, tuvo en la presunta trama creada para desviar dinero público desde la Zona Franca a la empresa Quality Food. En un auto imputa al actual concejal Ignacio Romaní por malversación y llama a declarar a Fernando Sicre y Enrique García Agulló, dos exediles que tuvieron cargos de consejeros en el Consorcio fiscal.