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El Govern tramita una ley para prohibir que los docentes expresen opiniones políticas en clase. El Govern ha presentado un anteproyecto de ley que tipifica como falta muy grave la «violación de la imparcialidad, la objetividad y la neutralidad en el ejercicio de sus funciones». Así, los docentes que realicen actuaciones que expresen posiciones «personales, familiares, corporativas, políticas, y clientelares» pueden ser castigados con el despido, la suspensión firme de funciones entre uno y seis años y el traslado a otra localidad o isla. menéame
