El Ejecutivo regional, liderado entonces por Ignacio Diego, decidió conceder en 2013 un crédito de 1,1 millón de euros a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) para grabar una película en la región. Dicho largometraje no llegó a estrenarse. Tras demandar al productor por estafa e insolvencia punible, el Gobierno ha decidido solicitar el concurso de acreedores de la productora North Cinema.
