El Gobierno del PP ha decidido continuar los recortes por la última prestación del estado de bienestar. Reducidas la educación, la sanidad, anulados los fondos para la Ley de Dependencia y ahora en vías de reducción de los servicios sociales municipales, los pensionistas han visto sus pensiones congeladas "ad eternum", pero esto no bastaba. La reforma proyectada sólo entrará en vigor en 2019, porque su aplicación inmediata destruiría electoralmente al Gobierno y sería a todas luces ilegal.
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