Si el mundo de la justicia se lo propusiera, la situación política podría cambiar sensiblemente; el llamado tercer poder pondría en grave aprieto a este Gobierno arrogante y faltón que con tanta saña nos agrede cada día. Ahora es el momento de perfilar y acentuar esa “respuesta de soberanía”, cuando el ministro Ruiz-Gallardón ha decidido acentuar la dependencia de este tercer poder respecto de los otros dos, como recoge la redacción de su anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (y al que se oponen todas las asociaciones de jueces).
Comentarios
Se resume en "Si en España hubiese separación de poderes"
Al final esto solo lo va a solucionar una revolución y catarsis; y si no se produce, no se solucionará.
Leído. Pero, me temo, que los jueces no querrán. A veces me pregunto si la elección democrática de jueces y fiscales de los EEUU serviría de algo en España. Mientras esta elección esté en manos de los partidos políticos que se turnan en el poder, la corrupción no parará y mucho menos su impunidad.
#1 #2 Parte de la opinión de Pedro Costa Morata:
Antes de que los jueces decidieran enfrentarse al poder ejecutivo y el legislativo, enarbolando su categoría y sus prerrogativas de tercer poder, su recuperación en dignidad y popularidad tendría que partir de la afirmación práctica, visible y ejemplar de lo que tan limpiamente señala la el art. 11: “Los españoles son iguales ante la ley…” y arremeter sin desmayo ni dilación contra la corrupción política que nos asfixia y enfanga, dañando irremediablemente la actitud y el compromiso de los ciudadanos ante la política. La corrupción de los cargos políticos y sus adláteres tiene el efecto, entre otros, de un insufrible, lento e irreversible golpe de Estado ya que deteriora la confianza de los ciudadanos en las estructuras políticas y administrativas y destruye eficazmente las entrañas de lo público. Esta corrupción afecta a centenares de cargos y funcionarios solamente en el estadio de las imputaciones formales pero en la realidad ordinaria está mucho más extendida y crece en la medida en que el “listón” de lo penal sube y sube, quedando en la impunidad un cada vez más amplio espectro de trapacerías y desvergüenzas; la opinión que sobre esto emite gran parte de la ciudadanía (con el “todos son iguales: van a lo suyo”, o el “verás como al final nadie resulta culpable”) está en gran parte fundada, evidentemente, y refleja ya ese suave, aunque persistente, atentado contra las bases democráticas. Corrupciones organizadas como la trama Gürtel que afecta a tres comunidades autónomas, el inagotable afloramiento de políticos llevados ante los tribunales en Baleares o la veintena de alcaldes imputados en la Región de Murcia (de un total de 45 municipios: un récord sin discusión) llegan a asustar porque, si su persecución fuese llevada a las últimas consecuencias judiciales, podrían deslegitimar política y democráticamente a un PP, que controla la mayor parte del país generando una corrupción proporcional al poder manejado; y a sus políticas, destinadas cada día más a empobrecer y humillar. La opinión pública, además, espera que haya condenas y castigos ejemplares para esa caterva de directivos que se ríen de pueblo y jueces declarando que no tienen nada que ver con el hundimiento de los bancos y cajas que administraban, ni con los inmensos daños producidos, personales, familiares y públicos.
Lo que pasa es que los propios jueces también tienen sus cúpulas de poder donde los privilegios y protecciones no tienen nada que envidiar a sus amigos en los poderes políticos. Recordemos a Dívar, por ejemplo. Cualquier intento de poner freno a los privilegios de los políticos se va a parar ahí, en esa línea que marca a los poderosos en el poder judicial.
Por desgracia la gran mayoría de jueces del supremo, constitucional, etc.... Son amiguetes de rajoy