Escuchas telefónicas y abuso de las instituciones

#1   Si no hay orden judicial estas escuchas no sirven para inculpar de delito ante un tribunal...pero sí para saber más sobre los demás.

#2   Fuente original: writeonlymode.wordpress.com/2009/08/26/escuchas-telefonicas-y-abuso-de

#3   Dejando de lado la propaganda que se da al PP en el artículo, me parece interesante. La verdad es que el tema de las escuchas debería estar mucho más controlado. Estamos jugando con uno de los derechos fundamentales del ser humano: El derecho a la intimidad.

#4   Yo creo que si un partido político quiere ganar más votos, un método infalible, mucho mejor que las escuchas telefónicas o la colocación de micrófonos, es actuar por el bien del ciudadano y del país.

#5   No se preocupen, el gobierno no es una persona, y no se le puede aplicar el criterio de presunción de inocencia.

¿Esto también aplica en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid?

#6   #2 ¿Has mirado el enlace de la noticia?

#7   "A este respecto existe tan solo una normativa, la Ley 11/2002 de 6 de mayo".

A partir de ahí ya no he seguido leyendo.

Al parecer algunos ni siquiera se han leído la constitución:

Artículo 18 de la Constitución española:

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

#8   #7 No soy nada versado en leyes, pero diría que se aplica la ley 11/2002 del 6 mayo, dado que si no es declarada anticonstitucional no ha de mirarse la constitución para nada.

¿Me equivoco?

#9   #8 ¿Me equivoco?

Del todo, ninguna ley se puede oponer a lo que pone la constitución.

#10   #8 Para más información, en el Código Penal vigente:

Artículo 536.

La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.