Unos 13.000 expedientes sin resolver se iniciaron entre 2011 y el pasado año. Son personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia y un derecho a recibir un servicio; bien una prestación económica o una plaza en un centro.Tras múltiples manifestaciones y protestas infructuosas, en abril la entidad organizó a un grupo de expertos en la materia que comenzó a tramitar los primeros recursos. En estos meses, la asociación ha ganado la gran mayoría de los casos en los que ha intervenido.