Aprovechando un vacío legal, los primeros sellos de EEUU vendían sus grabaciones de música sin pagar derecho alguno a los compositores, ya que la ley sólo exigía pago por partituras e interpretación pública. El Congreso pronto enmendó el error, pero en vez de dejar a cada compositor fijar el precio de sus creaciones (como sucede con los libros o el cine), creó una licencia fija, lo que hasta hoy subsidia indirectamente la industria discográfica estadounidense.