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La degradación pública es un método usado a muchos niveles, pero nunca al extremo de España .Estos métodos de cobro no están autorizado en ningún país de Europa ni América, excepto en España.Y aunque es inconstitucional, no hay ninguna ley que establezca cuáles medios de coacción no se puede emplear. Estas empresas actúan al borde de la legalidad e incluso consideran dentro de sus tarifas una cuota para pagar las multas por denuncias de acoso que contemplan los delitos de allanamiento de morada, detención, amenazas y otras coacciones.
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