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El consejo del gobierno catalán aprobará el próximo martes el proyecto de ley de la Oficina Antifraude, después de se haya acordado en el seno del ejecutivo que este nuevo organismo pueda investigar también a los ayuntamientos catalanes, tal como propuso el departamento de Gobernación. La futura Oficina Antifraude velará por las buenas prácticas, por la transparencia y porque las relaciones entre el espacio público y el privado queden claramente diferenciadas.
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