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Tal como lo había prometido cuando asumió, la presidenta de Brasil puso en vigencia la norma aprobada en octubre pasado por el Parlamento, que crea el organismo que investigará los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1964 a 1985. El organismo, sin embargo, no tendrá poder para castigar a los militares beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979.
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