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El pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad una ley que limita la participación de los miembros del Gobierno y los altos cargos en actividades privadas cuando abandonan el cargo y abre la posibilidad de que sean expedietados y sancionados. El proyecto de ley remitido al Parlamento por el Gobierno llegó al pleno consensuado por los tres grupos con representación en la Cámara -el PP, el PRC y el PSOE-, lo que ha permitido mejorar la norma, según aseguraron sus portavoces.
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