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La incertidumbre jurídica sobre el canon digital en España y que mantiene enfrentados al poder legislativo y ejecutivo, ha llevado a muchas empresas a dejar de pagar esta tasa a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En su lugar, han decidido depositarla en notarías y juzgados, con la esperanza de recuperar el dinero si finalmente el Gobierno hace caso a la sentencia de la Audiencia Nacional, que declaró nula a finales de marzo la actual Orden reguladora del canon digital aprobada en junio de 2008.
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