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www.map.es/prensa/notas_de_prensa/notas/2009/04/20090403.... El pasado viernes 3 de abril, el MAP hizo públicos los resultados del informe de evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). Entre las recomendaciones del informe, se reclaman una mayor transparencia en la contabilidad de las Entidades de Gestión. El informe también dice que las Entidades de Gestión sólo reparten a los autores el 80 por ciento de lo que recaudan.
menéame
La avaricia rompe el saco y se les va a acabar el chollo. Mueven anualmente 500 millones de euros y se quedan con una pasta que no reparten a los autores. El informe es demoledor.
Y lo hacen público justo antes de anunciar los cambios de gobierno. Elena Salgado es un as de las finanzas y se ha dado cuenta de que las entidades de gestión mueven al año 500 millones de euros. Una pasta la que el Estado no puede dejar de meter mano. Si se lo van a quedar los gánsters de la SGAE mejor que se lo quede el Estado y lo invierta en beneficio de todos,¿no?
Tras una breve pausa me he leído de un plumazo el informe integro y mi comentario final ha sido este, que reproduzco porque creo que deja muy claro algunos aspectos de la situación de las entidades de gestión.
Si lo de leer entre líneas no se me da mal, creo que aquí hay mucho que cortar.
Básicamente se puede estar hablando subrepticiamente de fraude, de concentración casi en oligopolios, etc. Es una opinión personal totalmente discutible, he trabajdo 10 años para una fundación de un sindicato y sé como hacer que existan gastos por arte de magia contable y financiera para 'evadir' fondos de forma 'legal'.
Extracto del informe:
En todo caso de acuerdo con los resultados de la evaluación parece conveniente:
1. La regulación no solo de la aplicación de los fondos asistenciales,promocionales y de formación, sino también regular su gestión como fondos separados ya sea de las entidades de gestión cuando los gestionan directamente o de las fundaciones especializadas cuando son éstas las que lo realizan.
2. Establecer un Plan Contable específico para las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual que regule aspectos contables y económicos financieros de gestión de las entidades como provisiones, tratamiento de derechos prescritos, inversiones financieras, contenido de la memoria, etc.
3. Establecer la obligación legal de consolidar las cuentas anuales de las entidades de gestión con las de sus entidades controladas o participadas.
4. Plantear la eficacia de un órgano común de recaudación para aprovechar las economías de escala al menos en lo referente a la remuneración por copia privada.
5. Dar publicidad a las cuentas anuales y las tarifas de las entidades de gestión mediante su depósito en un Registro público, tutelado por la Administración como garante del derecho al acceso público al mismo.
6. Regular de forma específica el tratamiento que deba otorgarse a la prescripción de los derechos recaudados: plazos, destino, etc.
En definitiva, es preciso asumir la necesidad de una actividad regulatoria a través de
reglamentos que unifiquen procedimientos de gestión y que contribuyan a transmitir
a la opinión pública la eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de la actuación de
las entidades de gestión.
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