Por una parte, AEDE, la asociación que agrupa a las cabeceras de prensa escrita más potentes del país, ejerce de lobby y consigue que el Gobierno introduzca una reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual hecha a su medida. La reforma, patrocinada por Soraya Sáenz de Santamaría tiene entre otras consecuencias la ilegalización del derecho de cita, forzando a cualquiera que cite y enlace material de dichos medios de comunicación, tenga que pagarles. Hasta aquí la clásica cacicada.