La metodología de Ángel de la Fuente sólo usa el método de carga-beneficio, parte de una concepción unitaria del Estado y minimiza el gasto de la política lingüística, entre otros polémicos aspectos. Los resultados del nuevo sistema de cuentas públicas territorializados ideados por Ángel de la Fuente y hechos públicos este lunes suponen una profunda innovación respecto a las balanzas fiscales que el propio gobierno español elaboró en 2008 o las que ha ido actualizando la Generalidad. El método creado por el economista a las órdenes de Cristóbal Montoro permite, además de reflejar los flujos de recursos que entran y salen de cada Comunidad Autónoma-lo que hasta ahora hemos conocido como balanzas fiscales-, conocer de donde salen los ingresos de cada partida presupuestaria y si cada territorio tiene un nivel de recursos adecuado para gastar en los gastos comunes y propias. (Contenido en el primer comentario, por ser de pago)
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Los resultados del nuevo sistema de cuentas públicas territorializados ideados por Ángel de la Fuente y hechos públicos este lunes suponen una profunda innovación respecto a las balanzas fiscales que el propio gobierno español elaboró en 2008 o las que ha ido actualizando la Generalidad. El método creado por el economista a las órdenes de Cristóbal Montoro permite, además de reflejar los flujos de recursos que entran y salen de cada Comunidad Autónoma-lo que hasta ahora hemos conocido como balanzas fiscales-, conocer de donde salen los ingresos de cada partida presupuestaria y si cada territorio tiene un nivel de recursos adecuado para gastar en los gastos comunes y propias.
De esta manera, lo que pretende De la Fuente es aislar aquellas cantidades que responden sencillamente a una redistribución de la riqueza o en la contribución a los servicios comunes de aquellas que dependen de una decisión política del gobierno español que puede ser más o menos aleatoria . Así, el economista no ve problemático que las comunidades más ricas paguen más en concepto de IRPF o que las más envejecidas cobren más en pensiones, pero sí considera importante que los fondos que reparte el sistema de financiación no otorguen privilegios a unas comunidades por encima de otras o que la priorización de inversiones en un territorio hecha por el gobierno central lo sitúe en una posición ventajosa.
Por este motivo, los resultados de su sistema de cuentas públicas territorializados, aunque reconoció que Cataluña sufre un déficit fiscal de 8.500 millones de euros, argumenta que buena parte de este saldo es debido al mayor nivel de renta de los trabajadores catalanes y sólo ve cuestionable el origen de 1.328 de estos millones. Y, sin embargo, sitúa a Cataluña en la media autonómica de financiación per cápita, lo que le debería permitir impulsar políticas sociales al nivel de la media estatal, que es lo que en definitiva voz importante. Todo ello teniendo en cuenta y compensando el mayor techo de autogobierno respecto a las otras comunidades y el diferencial en cuanto a presión fiscal.
Sin embargo, esta fórmula no es inocente, y analizando al detalle la metodología con la que se han calculado los resultados se pueden encontrar algunas evidencias que ponen de relieve la concepción unitarista del Estado que se encuentra en el tuétano de estas balanzas fiscales, aparte de algunas trampas que se han utilizado y que servirían para ocultar parte del déficit fiscal catalán.
1. Sólo se utiliza el método de cálculo de carga-beneficio. Aunque hay dos modelos clásicos para repartir los gastos en las balanzas fiscales, De la Fuente sólo utiliza uno y el otro ni siquiera lo considera. En concreto, se queda con el método de carga-beneficio, el cual considera que el gasto se cuantificará en el territorio que se beneficia, y no donde se gasta. Así, por ejemplo, pese a que los funcionarios de los Ministerios españoles trabajan en Madrid y gastan su sueldo mayoritariamente en Madrid, este modelo considera que todo el Estado se beneficia de su función y, por tanto, el gasto que generan en el Estado no se computa como si se destinara a la Comunidad de Madrid, sino que se reparte a todas las comunidades en proporción a la población. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el ejército, el cuerpo consular o la familia real. Así, según estas balanzas, 2,3 los millones que destinó el Estado en 2011 en la casa real beneficiaron Cataluña. Por el contrario, la Generalitat prefiere otro método de cálculo, el de flujo monetario, que imputa los gastos allí donde se gastan, ya que es el territorio que en segunda instancia se beneficia además de aquella partida con la llegada de capitales. El documento de De la Fuente, sin embargo, considera que "lo relevante a efectos de la discusión que motiva este informe son los efectos directos de los programas públicos y no sus posibles efectos indirectos sobre el empleo y la actividad económica".
2. Se parte de una concepción de estado unitario. Para homogeneizar los diversos niveles competenciales y presiones fiscales de todos los territorios y poder comparar todos los datos, el método de De la Fuente realiza una serie de cálculos para simular que el estado español es un estado unitario que debe garantizar que todas sus provincias reciban los mismos recursos para aplicar unos mismos servicios básicos en igualdad de condiciones. "El sistema de cuentas públicas territorializados se constituirá desde la óptica de una hipotética administración central aumentada, a la que correspondería en principio todos los recursos tributarios del país y que canalizaría después una parte de los mismos hacia las administraciones territoriales", resume el documento. Esto, que se sienta sobre un anhelo de equidad sobre los recursos finales, ignora voluntariamente que las comunidades autónomas, además de gestionar, tienen capacidad legislativa. Por tanto, más allá de intentar fijar un reparto de recursos igualitario, no concibe que el marco normativo que edifique cada territorio puede tener diversos grados de eficiencia en los ingresos y en los gastos. De esta manera, si se cumpliera la igualdad máxima de recursos per cápita que persigue esta balanza fiscal, las comunidades no tendrían ningún incentivo para mejorar y hacer más eficiente la administración y los servicios públicos o para invertir en sectores concretos y buscar nuevos recursos para mejorar la vida de los ciudadanos, como siempre ha perseguido el autogobierno catalán. Para ejemplificarlo, uno se puede hacer la siguiente pregunta: Si todos los trabajadores cobraran lo mismo después de pagar el correspondiente IRPF, qué incentivo tendría cada uno de ellos para adquirir nuevas responsabilidades, hacer más eficiente su trabajo o simplemente a trabajar mejor y con más ganas?
3. Limita las competencias de las comunidades a la baja. El modelo de De la Fuente lo que busca es comparar si todas las comunidades tienen recursos equitativos para ofrecer las políticas sociales básicas o aquellas competencias que están explícitamente transferidas-policía o prisiones, en el caso catalán, por ejemplo-. Por ello, no contempla que un territorio quiera presupuestar partidas para competencias compartidas o sencillamente invertir en infraestructuras o sectores estratégicos. En caso de hacerlo, por lo tanto, este gasto debería ir en detrimento de los servicios sociales, según estas cuentas públicas. Las balanzas fiscales del Estado excluyen del gasto territorializable aquella que se destina a regular la economía, a pesar de que las comunidades tienen competencias en promoción del empleo y en el fomento de la emprendeduría. Aquellas autonomías que quieran tener un papel activo en la economía, por lo tanto, deberían permanecer los recursos correspondientes de otras partidas, por ejemplo.
4. Excluye los ingresos en turismo y las exportaciones. Una polémica decisión de De La Fuente que ha incluido en sus balanzas fiscales ha sido la de no territorializar los ingresos provenientes del turismo y las exportaciones. Así, con la excusa de que no parezca que la presión fiscal de una comunidad es más elevada de lo que es, suma todos los recursos generados por estas dos vías y los reparte en proporción a la población de cada comunidad. Una decisión que afecta gravemente la balanza fiscal de Cataluña, la comunidad líder en turismo y exportaciones de todo el Estado, y minimiza claramente su déficit fiscal. De hecho, según los mismos cálculos de De la Fuente, los turistas gastaron en 2011 hasta 8.878 millones en Cataluña en gastos sujetos a IVA, un 25,9% de lo que gastaron en todo el Estado. Asimismo, y según las mismas balanzas fiscales, Cataluña exportó al exterior ese año por valor de 56.460,3 millones de euros, un 25,7% del total exportado por el conjunto de las autonomías. Por el contrario, ni un solo euro de los beneficios que han reportado estas actividades suman para contabilizar las aportaciones de Cataluña al Estado. El gasto causada por los turistas a la Generalitat, pero sí se considera como un gasto realizado en el territorio.
5. Minimiza el gasto en normalización lingüística. El sistema de financiación pactado en 2009 cuantificaba en 237 millones el coste de las políticas de normalización lingüística en las comunidades con lenguas cooficiales, un notable incremento respecto al anterior sistema. De la Fuente, sin embargo, cree que esta cantidad "no parece razonable" y, por tanto, considera que el coste de la normalización es 3,5 veces inferior, tal como estaba cuantificado en 2008. Por ello, el economista imputa la mayor parte de las transferencias que reciben los Países Catalanes y Galicia por este concepto como si tuvieran que destinar a políticas sociales, lo que hace parecer que estas otras partidas están mejor financiadas de lo que realmente lo están a costa de la promoción del catalán o el gallego. Así, De la Fuente considera que Cataluña debía destinar en 2011 sólo 55,4 millones a la promoción del catalán. Al mismo tiempo, sin embargo, le sitúa en las balanzas una aportación de 39,5 millones de sus impuestos para promoción del castellano en el exterior.
Paralelamente, el documento sobre las balanzas fiscales no concreta qué criterios utiliza para homogeneizar el coste de los servicios sociales en comunidades con diferente coste de la vida y condiciones geográficas y demográficas, aunque por sí mismo esto no presupone que el cálculo no sea correcto, sólo lo pone en duda. En todo caso, el resto de elementos sí evidencian que, como mínimo, la metodología elegida es discutible.
#1 El punto 4 y, en menor medida, el 1, son los importantes. ¿En qué cabeza cabe repartir una gran parte de los ingresos que genera una comunidad autónoma de forma equitativa entre todas? Este método de cálculo tiene más trampas que una película de chinos, y aún así les ha salido que Cataluña es la segunda comunidad que más paga, con diferencia.
A mí me huele muy mal. No es que esperara gran cosa de este gobierno de tahúres y buhoneros, pero parece que ya ni se molestan en disimular.
#2 #1 -El punto 4 habla de las exportaciones, pero se olvida de las importaciones... La balanza comercial de Cataluña es claramente negativa... Con respecto a lo del turismo, aún en el caso de que sea cierto lo que dice, estamos hablando a lo sumo de 700 millones de gasto en Cataluña que por el 21% significaría unos 140 millones de desvío, que comparado con los 8.000 millones de déficit es más o menos irrelevante. Así que el punto 4 es algo no tan importante como se insinúa...
-El punto 5 si estamos hablando de economía también es un tema menor (ahora si en las balanzas fiscales lo importantese fuese el tema cultural, igual cobraría más importancia...)
-Sobre el punto 1, algo que siempre se olvidan comentar cuando interesa es que por ejemplo la linea de AVE Barcelona-Madrid, a la hora de contar el dinero gastado en Aragón y Castilla varía según ambos métodos. Según el flujo monetario, las vías aragonesas y castellanas no benefician ni a Madrid ni a Cataluña, tan solo a esas comunidades (aún en el hipotético caso de que no parase el tren).. Según el flujo carga-beneficio, parte de ese dinero invertido también beneficia a Cataluña y Madrid.
-Punto 3: El verdaderamente importante, los recursos del estado se reparten para intentar que todos tengamos el acceso a los mismos servicios públicos, ya que todos los ciudadanos pagamos una cantidad de impuestos similares. La comparación con el comunismo y la falta de incentivos si todos tuviésemos los mismos servicios estatales es sencillamente absurda... Por esa misma base devolvamos todas las ayudas europeas recibidas, o renunciemos a la sanidad pública donde recibe lo mismo un rico que un pobre, o la educación pública ya que no da privilegios a los ricos... ese párrafo tiene cierto tufo elitista y clasista que tira para atrás...
#3 estamos hablando a lo sumo de 700 millones de gasto en Cataluña que por el 21% significaría unos 140 millones de desvío
¿Ein? No es eso lo que dice el artículo:
los turistas gastaron en 2011 hasta 8.878 millones en Cataluña en gastos sujetos a IVA, un 25,9% de lo que gastaron en todo el Estado
¿De dónde sacas los 700 millones? ¿Y las exportaciones qué? ¿También son irrelevantes?
#4 #4 Las exportaciones no son irrelevantes, pero ya dije que si importas más de lo que exportas, pues tendrás que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el caso catalán la balanza comercial es bastante negativa... el artículo debería dar también ese dato y no esconderlo como si fuese irrelevante...
¿De dónde sacas los 700 millones?
Cierto, hice un cálculo mental demasiado rápido y me equivoqué, quería hallar la diferencia entre ese 25,9% de turistas con respecto a España y el 16% que usarían las estadísticas debido al porcentaje de población de Cataluña. El valor sería mayor.
Pero acabo de pensar que es otro error (¿malintencionado?) del artículo porque ¿Que más da quien pague el IVA? Es indiferente que lo pague un turista o un ciudadano, ya que este IVA al ser recaudado en Cataluña se computa como impuestos pagados en esa comunidad. Luego puedes ver otra forma de hinchar artificialmente el deficit fiscal de Cataluña. Aumentan los impuestos recaudados a pesar de que quien los pague no viva allí...
#5 #4 #1 Por cierto sobre el punto 1:
Entre otras cosas, cabría incluir en esta categoría la inversión en equipamientos culturales de interés nacional como el Museo del Prado o el Liceo de Barcelona. Se trata de inversiones que benefician en alguna medida a todos los españoles, pero mucho más a aquellos que viven en el territorio en el que tales equipamientos se localizan por disfrutar estos de un acceso inmediato a los mismos y/o de los beneficios económicos derivados del
turismo que atraen algunas infraestructuras culturales. Lo mismo sucede en el caso de muchos programas de gasto medioambiental o en seguridad ciudadana y justicia, que benefician también en alguna medida a los residentes de áreas distintas de aquellas en las que se localizan físicamente. Puesto que en la mayor parte de estos casos resulta muy difícil calcular con alguna precisión qué parte de los beneficios corresponde a cada territorio, en muchos de ellos hemos optado por adoptar una solución genérica, a la que denominaremos corrección estándar por desbordamientos, que intenta ser prudente y esperamos genere un resultado razonable al menos en el agregado.
En estos casos el 75% del gasto relevante se imputará a la región en la que se localiza físicamente el gasto y el 25% restante se repartirá entre todas las regiones (incluyendo aquella en la que se localiza el gasto) en proporción a su población y a su PIB, ponderando ambas variables de la misma forma.
Así que tampoco lo calcularon como dice el artículo...