España apenas tramita el 1% de las solicitudes de derecho de asilo en la Unión Europea. De ese mínimo porcentaje solo se aprueba el 22%. Todo esto es fruto de una serie de políticas que imposibilitan a los refugiados acceder al territorio nacional o solicitar asilo en las embajadas, que restringe la movilidad de los solicitantes y que exige visados de tránsito. En definitiva, se podría decir que nuestro país no respeta el derecho de asilo.