En los últimos días, los principales sindicatos y el Grupo DIA han firmado un nuevo convenio colectivo que según los titulares oficiales, representa un “gran avance” y ha sido tildado de "acuerdo histórico" para los trabajadores. Subidas salariales, reducción de jornada y mejoras sociales son las banderas de este acuerdo.
Pero ¿qué pasa con los empleados con más de 20 o 30 años en la empresa?
¿Es este acuerdo realmente tan beneficioso como se anuncia?
La otra cara del acuerdo:
El nuevo convenio, que abarca el periodo 2025–2028, incluye incrementos salariales para los nuevos tramos y la reducción progresiva de jornada hasta las 1.768 horas anuales. También se introduce un plan de apoyo psicosocial y ciertos ajustes en domingos y festivos. Sin embargo, muchos trabajadores con larga trayectoria (entre 30 y 35 años en la empresa) en DIA, que ya tenían condiciones más ventajosas, se ven ahora obligados a elegir entre aceptar recortes o abandonar la empresa mediante la extinción voluntaria del contrato, con una indemnización muy inferior a la de un despido improcedente.
¿Modificaciones sustanciales para forzar salidas?
Los cambios afectan a horarios, turnos, disponibilidad en domingos y festivos, y eliminación de tramos antiguos de salario. Muchos de los antiguos trabajadores no disponen de vehículo propio y son absolutamente incapaces de coger ninguno de los nuevos turnos ya que no dispondrían de transporte público para ir o para volver. Es decir: se produce una modificación sustancial de las condiciones laborales (art. 41 del Estatuto de los Trabajadores), lo que da derecho al trabajador a extinguir su contrato con indemnización de 20 días por año trabajado (máximo 9 meses). Un mal menor comparado con el despido improcedente, pero aún así insuficiente para quienes llevan más de 30 años en la empresa y merecen un acuerdo con unas condiciones mucho mejores.
¿Está usando la dirección de DIA este mecanismo legal para “limpiar” plantilla con derechos adquiridos?
Los sindicatos y la desconexión con la base:
El convenio ha sido firmado por los sindicatos mayoritarios, lo que, a efectos legales, le da validez general. Pero no ha estado exento de críticas. Algunos trabajadores denuncian falta de transparencia en la negociación y una desconexión total de los representantes con la realidad de los centros. Los trabajadores se sienten abandonados por la falta real de unos representantes sindicales que luchen por sus verdaderos derechos adquiridos durante más de tres décadas. La huelga en los almacenes —convocada antes del acuerdo— tuvo escaso seguimiento, debilitada por la sustitución de personal mediante ETTs y una plantilla fragmentada. El resultado: los trabajadores veteranos se ven ahora atrapados en una reforma que, lejos de protegerlos, parece diseñada para empujarlos hacia la puerta de salida.
Conclusión: un precedente peligroso
Este nuevo convenio puede marcar un precedente muy preocupante: presentar recortes como avances, apoyarse en cifras globales para ocultar retrocesos individuales y forzar la rotación de plantilla mediante herramientas legales que deberían proteger, no desproteger.
Mientras tanto, el silencio mediático y la falta de presión social permiten que estas maniobras pasen desapercibidas. ¿Cuántos más tendrán que pasar por lo mismo antes de que se diga basta?
