#32 Creo que se puede hablar claramente de una grave conculcación de los principios básicos del derecho y de la democracia y en especial, del principio de legalidad como exigencia irrenunciable en un Estado de Derecho.
El principio de legalidad se basa en la teoría ilustrada del contrato social y en la división de los poderes públicos (¿existe esa división actualmente?). Sobre esa base, la ley es competencia exclusiva de los representantes del pueblo, pero con un pacto o contrato social que parece que nuestros políticos obvian y mucho, en el que se asegura la participación y el control de la vida política de la comunidad. Sin embargo, es evidente que en la situación actual de las decadentes democracias occidentales, se diluye la separación de poderes y ese control de la vida política, para pasar al control político de los ciudadanos por los dirigentes de turno, que además imponen sus criterios
a los de la mayoría. En teoría, el Poder Legislativo, debería representar al pueblo y es de él y no de otro, del que deberían emanar las leyes, que como he dicho, deberían ser fruto solo y exclusivamente de la voluntad popular y no de los avatares y deseos de los políticos de
turno.
Es decir, el principio de legalidad en la acción legislativa debería ir más allá de una exigencia de seguridad jurídica, sino además, debería proporcionar una garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado, ni de los jueces a leyes, penas o sanciones que no admita el pueblo, o que no hayan sido aceptadas y validadas por este.
En palabras del gran jurista Beccaría "sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esa autoridad debe residir en el legislador, que representa a toda la sociedad unida por el contrato social."
Desgraciadamente esto es teoría y no práctica.
Visto lo que pasa en España y en las Instituciones Europeas, es la base misma del Poder Legislativo y su representación de la voluntad del pueblo, lo que está en entredicho en este momento y por lo tanto, lo más sencillo de atacar, puesto que es un hecho evidente para toda la sociedad.
Es la base del contrato o pacto social lo que no se cumple en nuestra democracia representativa y lo que deberíamos exigir a capa y espada. Es torticero pensar que es posible legislar en contra de la voluntad del pueblo, con la excusa de que el político sabe lo que "le conviene" aunque no le guste o lo rechace. Debemos decir no al "papa" estado que sabe lo que nos conviene, ya somos mayorcitos y sabemos lo que queremos y lo que nos conviene, son ellos los que no nos escuchan.
También es triste ver que los avances en la popularidad, o en a aceptación social de un político, o de sus políticas, se traduzca, como estamos viendo en los últimos días, en un retroceso en las libertades y los derechos de los ciudadanos, pensando que le compensa la perdida de popularidad que conlleva el ir en contra del pueblo. Los derechos fundamentales y el Estado de Derecho no son daños colaterales a considerar, o monedas de cambio a sopesar por los políticos en el poder. La acción legislativa ha de ser acorde con la voluntad del pueblo, el bien jurídico supremo es el pacto social y dicha voluntad. Se están pasando por el arco del triunfo nuestra soberanía y no vale decir que si
unos son malos, los otros peores.
Es evidente que estamos asistiendo a legislaciones que son claramente contrarias a la voluntad del pueblo, que además, se ha manifestado claramente en contra de esas legislaciones, por ejemplo con el canon digital. Estamos ante una clara vulneración del principio de legalidad contenido en la Constitución de 1978 en su Artículo 9. Visto lo visto, de lo que se nos echa encima, el artículo 9.2 de la Constitución no tiene desperdicio:
"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."
Luego están los derechos fundamentales del Capítulo Segundo de la Constitución Española y en especial, de los artículos 18 y 20 que se cargarían directamente y sin ambages, si se elimina la neutralidad de la red, o se impone una censura previa de contenidos como pretenden.
El pueblo exige y debe exigir a los políticos que les representan, que la legislación sea acorde con los deseos de la mayoría y no se inventen excusas para no cumplir con esos deseos, ellos no son los que deciden, el que decide debe ser el pueblo soberano en base al pacto social.
Esta y no otra, es la esencia de la democracia y parece que nos estamos olvidando poco a poco de ello, gracias a nuestros políticos. Mucho hablar de la memoria histórica y de los que dieron sus vidas por defender estos derechos que ahora se consagran en la Constitución, para luego olvidarse de tanto sacrificio y ir recortándolos poco a poco y no en beneficio del pueblo, sino de la perpetuación en el poder de las oligarquías políticas.
Creo que el debate no es sobre lo que hace la izquierda o derecha, es sobre la soberanía del pueblo y sobre los poderes que otorga a los políticos de turno, sin importar el color que usan.
El principio de legalidad se basa en la teoría ilustrada del contrato social y en la división de los poderes públicos (¿existe esa división actualmente?). Sobre esa base, la ley es competencia exclusiva de los representantes del pueblo, pero con un pacto o contrato social que parece que nuestros políticos obvian y mucho, en el que se asegura la participación y el control de la vida política de la comunidad. Sin embargo, es evidente que en la situación actual de las decadentes democracias occidentales, se diluye la separación de poderes y ese control de la vida política, para pasar al control político de los ciudadanos por los dirigentes de turno, que además imponen sus criterios
a los de la mayoría. En teoría, el Poder Legislativo, debería representar al pueblo y es de él y no de otro, del que deberían emanar las leyes, que como he dicho, deberían ser fruto solo y exclusivamente de la voluntad popular y no de los avatares y deseos de los políticos de
turno.
Es decir, el principio de legalidad en la acción legislativa debería ir más allá de una exigencia de seguridad jurídica, sino además, debería proporcionar una garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado, ni de los jueces a leyes, penas o sanciones que no admita el pueblo, o que no hayan sido aceptadas y validadas por este.
En palabras del gran jurista Beccaría "sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esa autoridad debe residir en el legislador, que representa a toda la sociedad unida por el contrato social."
Desgraciadamente esto es teoría y no práctica.
Visto lo que pasa en España y en las Instituciones Europeas, es la base misma del Poder Legislativo y su representación de la voluntad del pueblo, lo que está en entredicho en este momento y por lo tanto, lo más sencillo de atacar, puesto que es un hecho evidente para toda la sociedad.
Es la base del contrato o pacto social lo que no se cumple en nuestra democracia representativa y lo que deberíamos exigir a capa y espada. Es torticero pensar que es posible legislar en contra de la voluntad del pueblo, con la excusa de que el político sabe lo que "le conviene" aunque no le guste o lo rechace. Debemos decir no al "papa" estado que sabe lo que nos conviene, ya somos mayorcitos y sabemos lo que queremos y lo que nos conviene, son ellos los que no nos escuchan.
También es triste ver que los avances en la popularidad, o en a aceptación social de un político, o de sus políticas, se traduzca, como estamos viendo en los últimos días, en un retroceso en las libertades y los derechos de los ciudadanos, pensando que le compensa la perdida de popularidad que conlleva el ir en contra del pueblo. Los derechos fundamentales y el Estado de Derecho no son daños colaterales a considerar, o monedas de cambio a sopesar por los políticos en el poder. La acción legislativa ha de ser acorde con la voluntad del pueblo, el bien jurídico supremo es el pacto social y dicha voluntad. Se están pasando por el arco del triunfo nuestra soberanía y no vale decir que si
unos son malos, los otros peores.
Es evidente que estamos asistiendo a legislaciones que son claramente contrarias a la voluntad del pueblo, que además, se ha manifestado claramente en contra de esas legislaciones, por ejemplo con el canon digital. Estamos ante una clara vulneración del principio de legalidad contenido en la Constitución de 1978 en su Artículo 9. Visto lo visto, de lo que se nos echa encima, el artículo 9.2 de la Constitución no tiene desperdicio:
"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."
Luego están los derechos fundamentales del Capítulo Segundo de la Constitución Española y en especial, de los artículos 18 y 20 que se cargarían directamente y sin ambages, si se elimina la neutralidad de la red, o se impone una censura previa de contenidos como pretenden.
El pueblo exige y debe exigir a los políticos que les representan, que la legislación sea acorde con los deseos de la mayoría y no se inventen excusas para no cumplir con esos deseos, ellos no son los que deciden, el que decide debe ser el pueblo soberano en base al pacto social.
Esta y no otra, es la esencia de la democracia y parece que nos estamos olvidando poco a poco de ello, gracias a nuestros políticos. Mucho hablar de la memoria histórica y de los que dieron sus vidas por defender estos derechos que ahora se consagran en la Constitución, para luego olvidarse de tanto sacrificio y ir recortándolos poco a poco y no en beneficio del pueblo, sino de la perpetuación en el poder de las oligarquías políticas.
Creo que el debate no es sobre lo que hace la izquierda o derecha, es sobre la soberanía del pueblo y sobre los poderes que otorga a los políticos de turno, sin importar el color que usan.